Diez alcaldes del país, a rendir cuentas por presunta corrupción en la pandemia

En el marco de una rueda de prensa conjunta, la Procuraduría, la Fiscalía, y la Contraloría presentaron el avance las investigaciones que adelantan, en seguimiento a las presuntas irregularidades en contratación pública en la actual crisis por coronavirus.

El procurador Fernando Carrillo, afirmó que “esta es una prueba de fuego para la descentralización en Colombia”, señalando que la actual investigación se ha realizado de la mano con la ciudadanía, y aprovechando el espacio, renovó la invitación a los ciudadanos para que continúen “conjugando el verbo denunciar”.

Según el fiscal Francisco Barbosa, la mayoría de las acciones investigadas han requerido la acción de las tres entidades.

Lea también: Suspenden al gobernador de Chocó por presunta corrupción durante crisis por coronavirus

A su turno, el fiscal también resaltó que es importante para el país que las tres entidades estén trabajando de manera conjunta en la protección de los recursos públicos, afirmando que “no vamos a permitir que los servidores públicos se sirvan de los recursos públicos de los colombianos”.

Según Barbosa, a la fecha, la Fiscalía General de la Nación ha verificado cerca de 3.000 contratos desde la declaración de emergencia social por coronavirus, reiterando que, mientras los colombianos se encuentran confinados, la Fiscalía está en las calles y territorios.

Barbosa destacó que a su vez se han adelantado 264 órdenes de policía judicial en los departamentos del país.

Los alcaldes en la mira de la justicia

De igual modo, el fiscal general de la Nación se refirió a la solicitud de imputaciones y medidas de aseguramiento en contra de 10 alcaldes del país señalados de delitos como interés indebido en la celebración de contratos, peculado y contrato sin requisitos legales.

El funcionario precisó que estos 10 alcaldes corresponden a las administraciones públicas de:

• Armenia, Risaralda.
• Malambo, Atlántico.
• Cereté, Córdoba.
• Socorro, Santander.
• Calarcá, Quindío.
• San Pedro, Valle del Cauca.
• San Antonio, Tolima.
• Guaduas, Cundinamarca. 
• Palocabildo, Tolima.
• Coveñas, Sucre.

Sobre el particular, Barbosa también afirmó que a la fecha ya fueron capturados los alcaldes de Guaduas y Palocabildo, mientras que otros tres fueron llamados a interrogatorio y en calidad de sindicados. Dichos funcionarios públicos pertenecen a los municipios de Acacías, Meta; Girón, Santander, y Sincelejo, Sucre.

Le puede interesar:Suspenden a alcalde de Calarcá por irregularidades en contratación pública

Francisco Barbosa anunció 23 imputaciones y solicitudes de medida de aseguramiento en contra de particulares, contratistas, intermediarios y funcionarios públicos, señalados como parte de los contratos fraudulentos o amañados.

Según el fiscal, la Unidad de Fiscales delegados ante la Corte Suprema ha citado a interrogatorio a los gobernadores de los departamentos de Guaviare, San Andrés y Arauca, por la existencia de irregularidades en la gestión de los recursos en el marco de la actual crisis del covid-19.

De igual modo, Barbosa explicó que a la fecha existen investigaciones preliminares en contra de 14 de los 32 gobernadores del país.

La Fiscalía reiteró su compromiso de “no permitir que los recursos públicos se utilicen de manera indebida” llamando a que los funcionarios públicos “entiendan que su labor implica el deber de honrar a la ciudadanía pero no debe implicar el derecho a desfalcarla”.

Por su parte, el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, señaló que la corrupción “es un mal endémico”, e informó que a la fecha la entidad que dirige ha revisado contratos celebrados en el marco de la atención del coronavirus por cerca de de 3.1 billones de pesos, de los cuales 2,1 billones están relacionados con contratos de compras de insumos médicos alimentos y elementos de bioseguridad.

El billón de pesos restante tiene que ver con contratos, adelantados con  particulares, para la gestión de los insumos mencionados anteriormente.

Según Córdoba en las revisiones adelantadas por la Contraloría se han evidenciado sobrecostos por más de 400 billones de pesos y se han emitido 227 alertas, las cuales han servido para cancelar contratos avaluados en 3.200 millones.

También afirmó que a la fecha, de las 30 gobernaciones revisadas, seis no han evidenciado sobrecostos. Estas son las de Bolívar, Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y La Guajira.

Lea también:Contrato de compra de insumos en Chía, bajo la lupa de las autoridades

De igual modo, Córdoba informó que de las ciudades capitales solamente nueve no presentan irregularidades en su contratación, según lo revisado.

Córdoba también precisó que las ciudades capitales con mayores sobrecostos, según los estudios de la Contraloría, son Medellín, Cali, Bogotá, Sincelejo y Tunja.

En su informe, Carlos Felipe Córdoba además señaló que los municipios de Floridablanca y Girón, en Santander, y Puerto Boyacá, en Boyacá, son loscque evidencian mayores sobrecostos.

De igual modo, la entidad alerta sobre la región Caribe como la zona con mayor riesgo de sobrecostos en la contratación. El funcionario dijo que el porcentaje de presuntos sobrecostos allí es superior al 70%.