Gobierno podría usar dineros del Canal del Dique para atender daños por ola invernal

Los daños por la ola invernal en el país son cada día más graves, debido a las fuertes lluvias que causan desbordamientos, inundaciones y deslizamientos, lo que lleva a miles de familias a vivir en condición de vulnerabilidad.

Con el fin de mitigar los devastadores impactos del invierno, el Gobierno Nacional estaría evaluando echar mano de alrededor de $3,5 billones que corresponden a vigencias futuras que ya habían sido aprobadas para llevar a cabo las obras del Canal del Dique, y que se encuentran estancadas por órdenes judiciales.

En entrevista con Noticias RCN, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), William Camargo, reveló que para atender las emergencias que se presenten por la ola invernal, el Gobierno está evaluando la posibilidad de utilizar los recursos que se habían asignado para la construcción del Canal del Dique.

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“Hay una visión por parte del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación frente a los recursos escasos. Ya estamos viviendo una ola invernal y el tema de recursos puede significar una necesidad que desborde la capacidad de respuesta del Estado y hay unos recursos que están allí sin utilización”, dijo Camargo.

Es de mencionar que los recursos dispuestos para la construcción del Canal del Dique ascienden a $3,5 billones provenientes de vigencias futuras y que serían ejecutados en los próximos 15 años.

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“En la práctica, las medidas cautelares se predicaron sobre unos temas de procedimiento, pero los recursos están allí congelados y en ese sentido hay unas necesidades apremiantes que estamos mirando”, agregó el presidente de la ANI.

Recientemente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a las Gobernaciones de Bolívar, Magdalena y Sucre construir un espacio de memoria en la zona de influencia del Canal del Dique, como reparación a las víctimas de la violencia en esta zona del país.

Para el cumplimiento de esta orden, los exhortados cuentan con un plazo de seis meses improrrogables, que serán monitoreados por la JEP, en calidad de tribunal especial para la protección de los derechos de las víctimas.

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