El drama de familias desplazadas que llevan dos años viviendo en un albergue de Buenaventura

En Buenaventura 87 familias completan dos años viviendo en un albergue temporal luego de haber sido desplazados del Bajo Calima por los delicados enfrentamientos entre grupos paramilitares y guerrilleros. 

Estas personas viven en precarias condiciones humanitarias. En difíciles condiciones de salubridad permanecen 87 familias que en noviembre de 2021 tuvieron que dejar sus hogares en la vereda San Isidro, Bajo Calima, por las confrontaciones que se registraban a menudo entre miembros del Clan del Golfo y el ELN. 

La comunidad asentada en un albergue temporal que autoridades locales ubicaron en el Coliseo El Cristal, de Buenaventura, asegura que no ha sido suficiente el apoyo de las autoridades.

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El drama de las familias abandonadas por el desplazamiento

“Tenemos los niños estudiando en las graderías y no es una forma de un niño estudiar, entonces en esa parte miramos, la educación está pésima en este lugar”, así resumió el panorama Benigno Ballesteros, uno de los desplazados por el conflicto armado y que reside desde hace dos años en este albergue temporal.

Mientras tanto, frente a esta cruda situación, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, aseguró que el Gobierno Nacional ha adelantado tres visitas al Bajo Calima para analizar las condiciones de retorno de estas familias, quienes además se enfrentan a situaciones complejas de salubridad, pues no tienen acceso a salud.

Con la finalidad de que nosotros mismos al lado de las comunidades y pueblos indígenas y, en lo posible, también al lado de las comunidades negras, podamos empezar a desarrollar estas iniciativas de paz dentro del territorio.

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El llamado a las autoridades en Buenaventura

En marzo de este año 126 familias permanecían en este albergue, pero 39 de ellas decidieron abandonar el espacio para ubicarse en casas de familiares, pues las condiciones para un retorno no están dadas en este momento.

Por ahora, en este albergue, continúan 87 familias que no tienen posibilidades de ubicarse en otros territorios, pues volver a su residencia implica poner en riesgo su vida de nuevo.

Hacen un llamado a las autoridades para que agilicen el proceso de reubicación a una vivienda digna, donde cuenten con servicios básicos y calidad de vida.

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