El complicado proceso de desminar Colombia

Por Juan Diego Mesa/NoticiasRCN.com

Son muchas las voces de apoyo que se han escuchado luego de que el Gobierno y las Farc acordaran en La Habana desminar el país como paso hacia el desescalamiento del conflicto.

Según el comunicado conjunto, la organización Ayuda Popular Noruega (APN) será la encargada de coordinar las tareas de desminado, que serán llevadas a cabo por personal militar y acompañadas por delegados del Gobierno, las Farc y las comunidades.

El acuerdo no solo significa un logro para la paz, sino un cambio en las políticas oficiales que priorizarán el desminado humanitario, que busca reducir la afectación para la población civil, sobre el desminado militar, que se centra en proteger los lugares por los que circulan las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, los esfuerzos para cumplir el desminado de todo el país requieren recursos económicos y operacionales récord para combatir un flagelo que aún nadie puede cuantificar.

¿Cómo se hace?

Actualmente solo dos organizaciones realizan desminado humanitario en el país: el Batallón de desminado (Bides), conformado por miembros del Ejército y la Armada; y la ONG británica The Halo Trust, que contrata a civiles de la región y los capacita para llevar a cabo las labores.

Después de identificar las áreas donde la población ha sido afectada por minas y contactar a las autoridades y habitantes de la zona para identificar campos minados (Estudio No Técnico), se pasa al proceso técnico en el que se hace una delimitación física del terreno y se analiza metro a metro con detectores de metales hasta retirar todos los explosivos.

Quienes realizan la labor reciben capacitación y certificación en desminado y primeros auxilios según los estándares internacionales, están equipados con elementos especiales de protección, herramientas para la limpieza del terreno y detectores de metales, y cada metro de tierra que declaran libre de minas debe ser revisado por los supervisores al menos dos veces más.

Limpiar un campo minado puede tardar semanas o meses, periodos en los que incluso puede que no se encuentre una gran cantidad de explosivos.

Por ejemplo, un campo minado identificado por The Halo Trust en La Quiebra, una vereda entre Nariño y Sonsón (Antioquia), cuenta con una extensión de más de 5.700 metros cuadrados en los que trabajan diez desminadores civiles. Hasta principios de marzo, en 2.030 metros que se habían despejado solo se había hallado una mina antipersona y algunos restos de otros explosivos que estallaron previamente.

Condiciones agrestes

A diferencia de otros países en los que las labores de desminado humanitario se han llevado a cabo con éxito, Colombia cuenta con una geografía que dificulta la automatización de las labores.

En países como Afganistán, amplias superficies de terreno plano permiten el uso de maquinaria blindada que detona los explosivos a su paso y logra despejar con rapidez grandes extensiones de tierra.

Sin embargo, en Colombia las minas antipersonales son sembradas en caminos y montañas con una vegetación abundante que las camufla, lo que hace que los campos minados se tengan que explorar manualmente metro a metro.

Por otro lado, muchos de los campos minados se detectan a kilómetros de las cabeceras municipales, por lo que para acceder a ellos hacen falta horas de camino y largos recorridos por carreteras destapadas.

Aún más complicada es la detección de las minas, que son fabricadas con materiales plásticos y componentes químicos de uso común. Aunque muchas de ellas guardan pequeños componentes de aluminio, como los detonadores, que pueden ser identificados por detectores de metales, en el desminado se encuentran más residuos (tuercas, baterías, puntillas, latas) que explosivos.

El particular contexto colombiano ha hecho que incluso los avances científicos en el país se enfoquen en el desminado. Recientemente, investigadores desarrollaron los primeros detectores de minas duales, que detectan tanto el metal como los explosivos, pero cuya producción sigue siendo costosa y limitada.

Magnitudes incalculables

Antes de que el acuerdo logrado en La Habana se hiciera público, el brigadier general (r.) Rafael Colón, director de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersona (Daicma), aseguró que el Gobierno esperaba en 2021 poder declarar al país libre de minas, esto con la entrada progresiva de 10.000 uniformados a las labores de desminado.

En marzo de ese año se cumplirá el segundo plazo solicitado por Colombia para cumplir la convención de Ottawa, firmada en 1997, y retirar los explosivos sembrados por los grupos armados ilegales.

Sin embargo, hoy diferentes sectores del Gobierno sostienen que el desminado podría tardar diez años, es decir hasta 2025, cuatro años después del plazo de Ottawa, y que a las labores ingresarían 12.000 uniformados.

El Bides comenzó a limpiar los campos minados de la guerrilla en 2007 y The Halo Trust en septiembre de 2013. Actualmente, entre ambos no suman más de 600 desminadores y solo se han logrado declarar libres de minas cuatro municipios del país.

Marc Bonnet, director en Colombia del Servicio de Acción contra Minas de la ONU, considera apresurado hacer cálculos sobre el tiempo y los recursos que requiere el desminado hasta que no se haga un diagnóstico detallado del área a despejar.

Con base a los registros actuales se pueden identificar 688 municipios en los que se han evidenciado minas, pero hacen falta Estudios No Técnicos para identificar la cantidad total de metros cuadrados que pueden estar minados y a partir de ello calcular la magnitud del problema.

A esto se suma, según Bonnet, que existen lugares en los que hay minas pero no se han registrado accidentes que los incluyan en los registros. Además, hay zonas alejadas donde existe subregistro porque quienes caen en campos minados no recurren a las autoridades de salud y sus casos no se reportan.

Aunque se ha recibido con positivismo el apoyo que brindarán las Farc para localizar las minas, la mayoría de los expertos en desminado tienen claro que muchos de los guerrilleros no sembraron las minas y no conocen su ubicación. Muestra de ello es que durante sus movilizaciones, caían en sus propios campos minados.

Recursos y personal

300 millones de dólares ha calculado el Gobierno que costaría desminar todo el país, pero al igual que el tiempo que se demore llevarlo a cabo es imposible saberlo hasta conocer la magnitud total del área minada.

Cerca de 3.500 dólares cuesta tan solo uno de los detectores de metales que se importan para el desminado, es decir que para equipar a 12.000 desminadores el costo sería de más de 42 millones de dólares. A esto se le suman los costos de salario, alimentación y transporte de los operadores, además de las instalaciones que se adecuan en cada lugar en el que se lleva a cabo el desminado.

Los costos operacionales también son altos en la fase de Estudio No Técnico, que en el caso del Gobierno, según lo acordado en La Habana, será llevado a cabo por la organización APN. Esta decisión se debe a que las poblaciones que han sido víctimas de años de conflicto aún son reacias a hablar con los miembros de la Fuerza Pública para indicarles dónde pueden estar los campos minados.

Sin embargo, APN aún no está certificada por el Gobierno para llevar a cabo estas labores y aunque se agilice este proceso, que mínimo puede tardar entre cuatro y seis meses, tendrá además que reclutar y capacitar a personas de la región en la que se realicen los Estudios No Técnicos.

El Gobierno delegó en la OEA la labor de certificar bajo los estándares internacionales a todos quienes deseen hacer desminado en el país, esto por la falta de un procedimiento propio. Sin embargo, para la entrada de un alto número de desminadores se hace imperante que el Estado sea quien los certifique, por lo que se tendrán que crear protocolos administrativos y desembolsar fondos para este fin.

Finalmente, diversos donantes internacionales han desembolsado importantes sumas de dinero para que se lleve a cabo el desminado humanitario, lo que podría aliviar la carga financiera del Estado.

Pero esta cooperación internacional, con contadas excepciones, suele ser reacia a financiar proyectos de desminado realizados por militares. Es decir que para aprovechar fondos externos se hace necesario que el desminado civil humanitario, realizado por ONG como The Halo Trust y Handicap International, entre otras, se certifique y crezca a la par del que realizará el Bides y la APN.