"El Estado ha sido responsable de violaciones a DD.HH."

El presidente Juan Manuel Santos dijo durante la defensa del Marco Jurídico para la Paz ante la Corte Constitucional, que sin la "integralidad" que enmarca esta reforma no será posible alcanzar la reconciliación en el país.

"No exagero en señalar que este es el proceso de constitucionalidad más importante de la década", señaló el mandatario.

Agregó que "la construcción de un marco jurídico adecuado es un pilar fundamental en la construcción de la paz". 

En este sentido, se refirió al conflicto armado en el país que ya lleva 50 años. "Hemos vivido un conflicto tan prolongado, que no podemos pensar en poner fin al conflicto sin antes pensar en cómo hacer frente a las violaciones tan graves al derecho internacional humanitario". 

El presidente Juan Manuel Santos aseguró que la construcción del Marco Jurídico para la Paz, tiene como eje fundamental la reparación a las víctimas. "Cuando hablo de víctimas me refiero a todas las víctimas, las de la guerrilla, de los paramilitares (…) Me refiero a todas las víctimas incluyendo a las de los agentes del Estado".

Sobre este tema, el presidente reconoció la responsabilidad del Estado en delitos cometidos durante medio siglo de conflicto armado. "El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) ocurridas a lo largo de estos 50 años de conflicto", dijo Santos, quien se comprometió a que este reconocimiento sea "un primer paso para que hacia adelante los agentes del Estado" reconozcan su responsabilidad y "puedan participar en los mecanismos de justicia transicional".

El mandatario insistió en que la construcción de este marco empezó con una reflexión sobre el momento en que vivimos, y que "estamos ante una posibilidad real, la mejor de la historia, de poner fin al conflicto armado".

El mandatario señaló que "este modelo no sólo no abre espacios a la impunidad, sino que satisface de la manera más amplia posible los derechos de las víctimas de un conflicto tan prolongado".

La esperada audiencia fue convocada por los magistrados de la Corte Constitucional como trámite obligatorio para resolver la demanda presentada por la Comisión Colombiana de Juristas en contra de este marco de justicia transicional.

Los demandantes, en cabeza de Gustavo Gallo, pretenden con esta acción judicial que sean eliminadas tres expresiones clave contenidas en el marco legal para la paz como son: "máximos", "cometidos de manera sistemática" y "todos los".

La Comisión Colombiana de Juristas plantea que "las expresiones señaladas sustituyen un pilar fundamental de la Constitución que estaría constituido por el deber del Estado de garantizar los derechos humanos y consiguientemente de investigar y juzgar adecuadamente todas las graves violaciones de derechos humanos y las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas en su jurisdicción".

La razón de la demanda se centra en que acorde a lo expuesto en el marco legal, el objetivo sería que tras lograr concretar un posible proceso de paz con grupos armados ilegales como las Farc, sólo sean investigados los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. 

El documento de la demanda señala que "El Acto Legislativo 01 de 2012 establece que sólo algunos responsables de perpetrar algunas violaciones graves a los derechos humanos y al DIH, serán investigados y juzgados, situación que desconocería gravemente los derechos de las víctimas".

La propia Corte Constitucional destacó que "la audiencia pública es una inmejorable oportunidad para democratizar el debate constitucional más importante de los últimos años en Colombia, permitiendo a la sociedad civil y al Gobierno Nacional que expresen su opinión sobre un tema que afecta actualmente a todos los Colombianos, como lo es el conflicto interno armado".

Esta audiencia pública se adelanta en momentos en que fue divulgado un preocupante informe del Centro de Memoria Histórica que evidencio cómo los últimos 55 años de violencia en Colombia dejaron más de 220.000 muertos y se encontró que nueve de cada diez secuestros cometidos en el transcurso de este periodo fueron ejecutados por las Farc.

Principales Interrogantes de la Corte Constitucional

En el documento donde se cita a la audiencia pública, la Corte Constitucional señala que para avanzar en el estudio de la demanda presentada por la Comisión Colombiana de Juristas fue solicitado el concepto, frente al tema del marco legal para la paz, de por lo menos siete expertos en la materia como la ONG Human Rigths Watch y Amnistía Internacional.

La Corte Constitucional también destacó que dentro de los principales interrogantes a resolver frente a la demanda, admitida por esa corporación el 7 de febrero de 2012, se encuentran:

A) ¿Está obligado el Estado Colombiano a investigar, juzgar y sancionar todos los delitos cometidos en el conflicto armado en un escenario de justicia transicional?

B) ¿Cuáles medidas judiciales y extrajudiciales pueden aplicarse en un contexto de terminación del conflicto armado en el marco de la justicia transicional en Colombia?

C) ¿Cuál es el concepto, los requisitos y los límites de los criterios de selección y priorización señalados en el Acto Legislativo 01 de 2012?

D) A la luz del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Penal Internacional: ¿puede el Estado centrar la investigación, el juzgamiento y la sanción de los crímenes contra los derechos humanos o el Derecho Internacional Humanitario en los máximos responsables de estos delitos o se tiene que investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de estos delitos?

E) ¿La renuncia condicionada a la persecución judicial penal realizada en virtud de los criterios de selección y priorización señalada en el Acto Legislativo 01 de 2012 vulnera los derechos de las víctimas?

Dentro de los invitados a participar en el debate fueron convocados los representantes de las tres ramas de poder público, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de víctimas, expertos en el tema y representantes de varias de las principales universidades del país.

Igualmente, intervendrá ante la Corte el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Relator Especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación.

Tras esta crucial audiencia pública, la Corte Constitucional entrará próximamente a decidir si declara exequible o no el “Marco Legal para la Paz” y da vía libre para que, de concretarse un proceso de paz con las Farc, el Congreso de la República avance en el trámite de la correspondiente ley estatutaria que lo reglamente.

Vea la audiencia pública vía streamingaquí.

NoticiasRCN.com / RCN La Radio