El próximo viernes la Fiscalía acusará formalmente a la excontralora Sandra Morelli

Esos contratos, donde se acordó el arriendo de la nueva sede de 32.000 metros cuadrados, con un canon mensual de 2.703 millones de pesos, según la Fiscalía fueron firmados de manera irregular porque no elaboró estudios previos, no hizo estudios de mercado, no se contrató de acuerdo con la ley y autorizó indebidamente las disponibilidades presupuestales.

Pero más allá, el ente acusador considera que todo el proceso, desde la orden de desocupar la antigua sede, fue una "una oscura operación administrativa" porque no reparó el antiguo edificio y lo puso en condición de no uso, para luego dejarlo en plan de enajenación celebrado con I.S.A. Con ello, asegura el documento, creó la necesidad de arrendar un inmueble de manera indefinida.

Esa estrategia ilícita, como la califica la Fiscalía, habría sido directamente orquestada por Morelli: 

"Impulsó, dirigió y definió una caótica estrategia administrativa que, a cualquier costo, le permitiera contar con los recursos públicos para acceder de manera irregular y definitiva a una nueva sede", dice el documento. 

En el escrito se asegura que la excontralora fue indolente con las consecuencias presupuestales y patrimoniales que tuvieron sus acciones.