En medio de hostigamientos a la población avanzan las conversaciones del Gobierno con grupos delincuenciales de Buenaventura

La situación de orden público en Buenaventura continúa bajo alerta debido al reciente video que se conoció de hombres encapuchados, quienes con armas de fuego en mano expresan arengas y amenazas en las cuales manifiestan que se enfrentarán a otro grupo denominado ‘Los Jalisco’.

Diferentes autoridades del Valle del Cauca han solicitado la intervención del Gobierno Nacional. La gobernadora Clara Luz Roldán le solicitó al ejecutivo tomar medidas y una de ellas es que fuera militarizada toda Buenaventura.

Medidas del Gobierno en Buenaventura

Por ahora, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció que se aumentará la capacidad de la Fuerza Pública en la zona, también se ampliará el personal de inteligencia y se incrementará el número de policías para hacer más efectivas órdenes de captura.

“Definimos que vamos a tener una presencia jueves y viernes (6 y 7 de julio) en Buenaventura, y realizaremos el jueves un consejo de seguridad. Vamos, además, a ampliar la capacidad para el control urbano con Fuerzas Militares e igualmente la Policía Nacional”, expresó Velásquez en declaración a medios de comunicación.

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Aunque no han sido identificados a cuál grupo pertenecen o como se denominan los hombres encapuchados, las agrupaciones delincuenciales que tienen más presencia y accionar criminal en el puerto bonaverense son los Shotas y Espartanos.

Dichos grupos han tenido acercamientos con el Gobierno con la intención de tener una negociación jurídica con las entidades correspondientes. Por ahora ninguno se ha pronunciado sobre el video.

¿Es viable que se mantengan los acercamientos con los Shotas y Espartanos?

Respecto a lo ocurrido en Buenaventura, la oficina del comisionado de Paz, Danilo Rueda, rechazó los hostigamientos a la población, pero, sin embargo, anunció que en las próximas semanas comenzarán las conversaciones con esos dos grupos.

“El acercamiento con Shotas y Espartanos ha permitido avanzar hacia el inicio en las próximas dos semanas del espacio de conversación socio jurídica, que contará con testigos nacionales e internacionales y veedurías civiles, y partirá de una base de compromisos públicos. Llamamos a los grupos a pronunciarse públicamente rechazando los hechos de violencia recientes y reiterando su disposición a ser parte de la paz urbana”, informó el Gobierno en un comunicado.

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Respecto si es viable que el Gobierno avance en las negociaciones con esos grupos, el analista Jorge Iván Cuervo aseguró que sí deben continuar los acercamientos, pero con condiciones puntuales.

“Deberían estar condicionadas a varios temas. El Gobierno un poco se ha equivocado en la estrategia de iniciar diálogos y acercamientos con distintos grupos sin mayores garantías y sin mayores contraprestaciones. No debería dialogar sin un mínimo de garantías, un mínimo de condiciones, el Gobierno ha sido muy laxo y los grupos o siguen en sus actividades, o incluso las refuerzan”, explicó Cuervo.

Y reiteró el analista: “El Gobierno podría continuar las negociaciones con los grupos en Buenaventura, pero no de cualquier forma, debería exigir unos mínimos, unos mecanismos de verificación y unas garantías”.

Por su parte, el presidente del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), Camilo González Posso, afirmó que los acercamientos deben continuar.

“Hay que utilizar el mecanismo del diálogo, tratar de que las conversaciones lleven a algún tipo de conciliación, de convivencia, de medidas para la juventud, de distención, de disminución de violencias. De ninguna manera puede llegarse a la conclusión de que hay que suspender ese instrumento de diálogo”, explicó Posso.

¿Se debe militarizar Buenaventura?

Respecto a la propuesta de militarizar esa zona del Valle, ambos analistas coincidieron en asegurar que esta medida no contribuirá a que estos grupos delincuenciales disminuyan o acaben con su actuar en Buenaventura.

“Puede que la militarización cumpla un efecto simbólico, disuasivo, pero eso no resuelve el tema. Los militares su función esencial no es la seguridad ciudadana, le corresponde es a la Policía. Sería mucho más coherente que llegaran refuerzos de la Policía, del CTI de la Fiscalía para investigar, se necesita una operación más compleja”, explicó Cuervo.

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Y concluyó González: “La militarización del puerto no es una solución frente al problema de proliferación de bandas, se trata de unos fenómenos de delincuencia social, una delincuencia asociada a fenómenos de marginación, discriminación, abandono, incumplimiento y que requieren tratamientos multidimensionales con políticas sociales”.