¿Están en riesgo?: la situación financiera de las EPS pasa días difíciles

Para nadie es un secreto que la salud ha sido tema de controversia y debate durante estos días. Ahora, un informe de la Superintendencia Nacional de Salud, asegura que hay varias EPS en riesgo por cuenta de sus deudas. 

Noticias RCN conoció que este lunes 30 de enero, las principales EPS del país presentarán un documento, en donde explicarán cuáles son las deudas que tienen pendientes. En el informe, la Super aseguró que eran 50 billones, luego corrigió la cifra a 23 billones de pesos y finalmente aclaró que de esos 23 billones, 7 correspondían a EPS no activas, es decir, la deuda, según la Superintendencia, de las EPS activas es de 16,6 billones de pesos. 

Este documento conocido por Noticias RCN y firmado por 10 de las principales EPS del país, revela la verdadera situación financiera de las entidades. Lo primero, es que asegura que no todas las deudas tienen relación con la prestación del servicio de salud. 

“El 23,7 por ciento corresponde a deudas de carácter administrativo y otro tipo de acreencias y el 76,3 por ciento corresponden a conceptos por prestación de servicios, insumos y medicamentos”, se lee en el documento. 

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El documento le pide a las autoridades claridad en estos temas frente a la opinión pública. “Esta claridad debe hacerse siempre que se hable de los pasivos de estas entidades”, puntualizaron. 

Por otro lado, estas EPS aseguran que es importante diferenciar cuál de esas deudas ya están vencidas. “El 64,7 por ciento corresponden a deudas no vencidas o que están dentro de los 60 días de plazo normal para las operaciones del sector”, aseguraron. 

Adicionalmente, el texto toca un tema álgido y son las deudas que la Administradora de ​los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, (Adres) y las entidades territoriales tendrían con las entidades promotoras de salud. 

Actualmente, a las EPS agremiadas a Gestarsalud les adeudan aproximadamente $600.000 millones de pesos por concepto de recobros, que era la figura usada hasta de febrero de 2020 para pagar los servicios y tecnologías cubiertos, pero no financiados por la Unidad de Pago por Capitación. 

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