Barreras en el acceso al aborto persisten, tras cuatro años de la sentencia que lo despenalizó hasta la semana 24
En Colombia el aborto fue despenalizado por la Corte Constitucional hasta la semana 24 de gestación, y ratificado como un derecho fundamental mediante la sentencia SU-297 de 2025.
Laura Daniela Alturo
01:27 p. m.
El 21 de febrero de 2022 la Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación; decisión que marcó un hito en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
La sentencia C-055 se dio en respuesta a una demanda de inconstitucionalidad presentada por el movimiento Causa Justa en contra del artículo 122 del código penal, por criminalizar a las mujeres y personas gestantes que buscaban el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
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Para el movimiento, dicho artículo violaba los derechos a la igualdad, la salud, la libertad de conciencia y afectaba sobre todo a las mujeres en condición de vulnerabilidad.
Hoy, cuatro años después de la sentencia que ubicó a Colombia en la lista de países con las normas más progresistas en temas de salud sexual y reproductiva, las barreras persisten en el acceso a la IVE, principalmente en territorios marcados por el conflicto y la desigualdad social.
Las cifras clave para entender la IVE en Colombia
De acuerdo con el último informe de Causa Justa, basado en cifras de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, luego de la decisión de la Corte se han atendido 2.532 casos de mujeres que buscan acceder a la IVE de manera autónoma, segura y a tiempo.
Además, contrario a lo que se pensó en un principio, solo el 4% de los casos atendidos se dan después de la semana 24 de gestación, la mayoría de ellos tras enfrentar dilaciones y trabas administrativas.
Cifras de Oriéntame revelan que el 99% de los casos de IVE se atienden antes de la semana 22 de gestación.
Pero ¿es verdad que la sentencia incentivó los casos de aborto en el país?
Según Oriéntame, organización que presta el servicio de IVE desde la emisión de la sentencia C-355 de 2006, la cifra de atenciones en servicio de aborto se ha mantenido cercana a los 11.000 por año.
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Esto demuestra que la despenalización no desencadenó un aumento desproporcionado en la solicitud de servicios de IVE, sino que, más bien, abrió la puerta al acceso seguro y autónomo por parte de las mujeres.
Otro de los puntos importantes en el informe se refiere a la implementación del derecho al aborto en territorios como Cauca, Nariño y Santander. De acuerdo con el Centro de Derechos Reproductivos, durante el primer año después de la sentencia C-055 hubo un aumento del 98,4% de procedimientos de IVE en hospitales del Cauca, denotando un acceso al servicio mucho más eficiente para las mujeres.
Para el movimiento Causa Justa esto tiene una explicación: “En ciudades y territorios donde existe mayor conocimiento legal, apertura institucional y cobertura del sistema de salud, la demanda se ha mantenido estable tras la despenalización. En cambio, en departamentos donde el acceso era más limitado, como el Cauca, el fallo permitió avanzar a la consolidación de condiciones para que el servicio se preste dentro del sistema de salud, con mayores garantías y legitimidad”.
Barreras de acceso a la IVE
Sin embargo, las barreras estructurales persisten y hacen que muchas veces el acceso a la IVE se vea restringido por desconocimiento o mala interpretación de la ley, principalmente en zonas del país atravesadas por el conflicto y la migración.
Algunas de las barreras identificadas por el Centro de Derechos Reproductivos tienen que ver con obstáculos administrativos, objeción de conciencia de los médicos, dificultades en la movilidad, control territorial de actores armados en los territorios y maternidades forzadas en niñas.
Según la Mesa por la Vida, la mayoría de las mujeres accede al aborto de manera autónoma, y son muy pocos los casos en los que se requiere acompañamiento legal por temas de desinformación, dilaciones o remisiones injustificadas.
Las más afectadas por este tipo de barreras suelen ser las mujeres indígenas. Desde la despenalización han sido 34 los casos que han requerido acompañamiento por desconocer la autonomía de las mujeres pertenecientes a comunidades ancestrales.
Estas trabas ponen en evidencia la necesidad de una política de derechos sexuales y reproductivos que cuente con un enfoque diferencial e interseccional, con el fin de proteger y garantizar el derecho fundamental al aborto a todas las mujeres, niñas y personas gestantes sin importar su pertenencia étnica.
Un informe de la Fundación Jacarandas coincide en que la desinformación sigue siendo una de las principales barreras, pues, según la encuesta ENDS 2019-2024, realizada por el Ministerio de Salud, 38,4% de las mujeres sigue sin saber que la IVE es legal hasta la semana 24; mientras que el 28,3% reconoce todas las causales despenalizadas.
A través de su línea de atención, Jacarandas ha evidenciado que el 94% de las mujeres que solicitan información sobre aborto se encuentran en el primer trimestre de embarazo. Además, el 91% de las consultas provienen de estratos 1, 2 y 3.
Entre 2022 y 2025, la línea Jacarandas acompañó 234 acciones judiciales y administrativas por negativa en el acceso a la IVE, casos de violencia obstétrica, falta de confidencialidad y otras fallas en la atención.
Según la ENDS 2025, en la subregión de La Guajira, Cesar y Magdalena, el 54,8% de las mujeres desconoce que la IVE es legal en Colombia, la cifra más alta registrada en el país.
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