Excontralor Miguel Ángel Moralesrussi, ¿salpicado en el caso de MinTIC?

El escándalo del MinTIC sigue moviéndose. En una declaración a la Fiscalía, un testigo aseguró que vio al excontralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi en reuniones en una de las empresas que conformó la Unión Temporal Centros Poblados (UT).

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En las declaraciones que rindieron varios testigos ante la Fiscalía General de la Nación surgió una que tiene pensando a los investigadores sobre las múltiples reuniones que se dieron entre octubre y diciembre de 2020 cuando el contrato de MinTIC sería adjudicado.

Uno de esos testigos fue un trabajador de la empresa ICM Ingenieros que, como lo reveló el ente acusador, fue captada por Emilio Tapia para lograr el contrato.

“En una o dos reuniones de empalme reconocí a quien yo había visto en reportes de prensa: el señor Miguel Ángel Moralesrussi, ya que esta persona había estado en el escándalo de contratos de hace años, era como asesor de las reuniones”, relató el testigo.

¿En qué reuniones? En unas pactadas con los nuevos dueños de ICM, esta empresa cambio repentinamente de socios, según la Fiscalía, movidos por Tapia para lograr el contrato.

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“De las ocho personas que llegaron en un principio, siguieron asistiendo las cuatro que mencioné anteriormente. Al señor Moralesrussi lo vi apenas unas dos veces, las reuniones fueron en noviembre y diciembre de 2020″, añadió el testigo.

Esto concuerda con la teoría de la Fiscalía y con las pruebas contra Emilio Tapia sobre la época en la que se comenzó a gestar ICM como una de las empresas que integraría el consorcio Centros Poblado, que se ganó el contrato, y del cual aún no aparecen 70 mil millones de pesos de un anticipo. 

Condena a Moralesrussi

Miguel Ángel Moralesrussi fue condenado a 36 meses (tres años) de prisión, 80 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos y al pago de más de 77 millones de pesos de multa por el delito de cohecho propio.

Durante el proceso que se adelantó en su contra se evidenció que entre 2008 y 2009, el excontralor de Bogotá acordó recibir comisiones por el trámite de un contrato cuyo objeto era la operación de ambulancias de la ciudad.

Asimismo, según la Fiscalía, pactó el pago de coimas para el trámite de dos contratos en 2008 relativos a la malla vial, los cuales fueron adelantados en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

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