Familia de Marcelo Pecci demanda a la Nación y a cadena hotelera por la muerte del fiscal paraguayo
La familia Pecci busca reparación directa por la muerte violenta del fiscal paraguayo, ocurrida en mayo de 2022 en playas de Barú, Cartagena.
Noticias RCN
04:31 p. m.
La familia de Marcelo Pecci presentó una demanda formal en contra de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional de Colombia por la muerte violenta del fiscal paraguayo, ocurrida el pasado 10 de mayo de 2022 en Barú, Cartagena.
En la solicitud de demanda enviada por el apoderado de la familia, se incluye además a Hoteles Decameron Colombia S.A.S.
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El documento refiere una reparación directa "por los daños antijurídicos ocasionados con la muerte violenta" del fiscal paraguayo, y por la cual se "reclamarán perjuicios inmateriales y materiales".
El descontento de la familia Pecci con el proceso en Colombia
Meses atrás, la familia del fiscal paraguayo ya había demostrado su descontento por la supuesta falta de avances en la investigación del caso.
De acuerdo con ellos, las dilaciones en el proceso se debían a una supuesta falta de cooperación de las autoridades colombianas desde el cambio de gobierno. Entre las denuncias se mencionó un supuesto bloqueo de pruebas clave sobre los posibles autores intelectuales del crimen.
En su momento, el fiscal paraguayo Manuel Doldán, quien fue designado para liderar la investigación en colaboración con Colombia, señaló que uno de los mayores obstáculos había sido la retención de pruebas como el celular de Marcelo Pecci, que fue confiscado por las autoridades colombianas tras su asesinato.
Condenas y el cerebro del crimen asesinado en Bogotá
El 3 de enero de 2025 fue asesinado en la cárcel La Picota, de Bogotá, Francisco Luis Correa Galeano, quien fue señalado como el cerebro del plan para asesinar a Marcelo Pecci durante su luna de miel en Cartagena.
El homicidio se registró en la celda 25 del pabellón 32 a manos de Samuel Zuleta Márquez, otro reo del penal.
Tras este hecho, el Inpec ordenó extremar la protección de Margaret Lizeth Chacón, otra de las condenadas en el caso por financiar el asesinato del fiscal.
Chacón paga una pena de 35 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Según la Fiscalía, la mujer habría estado encargada de transportar las armas y el dinero con el que se cometió el homicidio.
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