Fiscalía archiva caso contra el gobernador de Antioquia: esto dice el fallo
La decisión concluye que no se configuraron delitos en contratos de CAI en Antioquia y se suma al archivo previo de la Contraloría.
Noticias RCN
04:00 p. m.
La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tras concluir que no se configuraron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales ni peculado por apropiación en los contratos relacionados con la construcción de Centros de Atención Inmediata (CAI).
La decisión fue adoptada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien determinó que no existían los elementos objetivos necesarios para estructurar los delitos señalados. La indagación se encontraba en etapa preliminar y con este pronunciamiento se ordenó su archivo definitivo.
El proceso se originó a partir de una denuncia presentada por una veeduría ciudadana, relacionada con hechos ocurridos durante el periodo en que Rendón se desempeñó como alcalde de Rionegro, Antioquia, entre 2016 y 2019. Según la Fiscalía, durante ese tiempo se establecieron mecanismos de supervisión y control institucional sobre tres contratos para la construcción de CAI en los sectores de Cuatro Esquinas y San Antonio.
¿Por qué la Fiscalía archivó la investigación contra Julián Rendón?
De acuerdo con la decisión oficial, la Fiscalía concluyó que no se acreditó la configuración objetiva de los delitos investigados. Esto implica que, tras el análisis de los contratos y su ejecución, no se encontraron pruebas suficientes que permitieran avanzar hacia una imputación penal.
El análisis incluyó la revisión de los mecanismos de control implementados en los contratos de obra pública, así como la evaluación de las condiciones en las que fueron ejecutadas las infraestructuras de seguridad.
¿Qué dijo la Contraloría sobre los contratos de CAI en Antioquia?
Este fallo se suma a una decisión previa de la Contraloría, que en enero de este año ordenó el archivo de dos procesos de responsabilidad fiscal contra el actual gobernador por los mismos hechos. La Dirección de Investigaciones concluyó que no existió daño patrimonial al Estado.
Inicialmente, las indagaciones fiscales partían de la hipótesis de un presunto detrimento cercano a los 1.270 millones de pesos, bajo el argumento de que las infraestructuras no estaban prestando el servicio de seguridad previsto. Sin embargo, tras el análisis técnico, el ente de control descartó afectaciones al erario.
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