Fiscalía impuso embargo y secuestro a finca del exembajador de Colombia en Uruguay

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas con fines de extinción de dominio a la finca del exembajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, donde según las autoridades fue encontrado un laboratorio de producción de cocaína en febrero de este año.

A través de un comunicado, la Fiscalía anunció que la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre varios predios y vehículos de la sociedad Colinas de Guasca, “de la que hizo parte y fue representante legal el exembajador”.

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Son cuatro predios y dos vehículos, avaluados en 150 mil millones de pesos.

Recordemos que en dicho terreno, las autoridades hallaron un laboratorio para la producción de Cocaína, allí se encontraron cerca de siete toneladas de insumos químicos y 9.453 gramos de cocaína y pasta base de coca.

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Por otra parte, en entrevista exclusiva con el director de Noticias RCN, Juan Lozano, el fiscal general, Francisco Barbosa, reveló que el embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, será vinculado a la investigación por un laboratorio para el procesamiento de cocaína hallado en una finca de su propiedad en febrero pasado.

Afirmó que el caso va muy avanzado y que ya hay información técnica y relevante. “Ese embajador va a tener que responder ante la justicia colombiana, va a ser citado y va a ser vinculado”, sostuvo Barbosa.

Con motivo de la investigación, Sanclemente presentó su renuncia al cargo que desempeñaba argumentando la necesidad de dedicarse a fondo a su defensa.

“Ante las recientes declaraciones dadas por el señor fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado (…) se hace necesario marginarme de su administración y empeñarme a fondo en la defensa cerrada de nuestro buen nombre, defensa con la cual tengo la absoluta certeza, quedará demostrada mi inocencia, transparencia y honorabilidad”.

El funcionario reconoció que hace parte de las sociedades de la familia propietaria de la  finca ubicada en Guasca, Cundinamarca, donde se fabricaba cocaína.  Sin embargo, deja en claro que no existe vinculación entre los propietarios de la finca y la actividad ilícita encontrada en ella.

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