Fiscalía llamó a juicio a tres empresarios por el millonario escándalo de Centros Poblados del MinTIC
Contra Ottomar Lascarro, Juan Carlos Cáceres y Juan José Laverde se radicó un escrito de acusación por enriquecimiento ilícito y otros delitos.
Noticias RCN
07:33 a. m.
La Fiscalía radicó un escrito de acusación contra los tres empresarios presuntamente involucrados en el entramado de corrupción de la Unión Temporal Centros Poblados.
Se trata de Ottomar Lascarro, Juan Carlos Cáceres y Juan José Laverde, quienes son señalados de quedarse con los recursos del escandaloso contrato por $70.000 millones del MinTIC.
Tras radicarse el documento ante un juez, estas tres personas fueron llamadas a juicio.
Detalles de la acusación
De acuerdo con el escrito, los empresarios Ottomar Lascarro Torres, Juan Carlos Cáceres, y el en ese entonces representante de Rave agencia de Seguros, Juan José Laverde, habrían incurrido en peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal.
Este entramado habría sido ejecutado bajo el contrato 1043 de 2020, suscrito con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para llevar conexión de Internet a escuelas rurales del país.
La investigación de la Fiscalía contra los tres presuntos implicados indica:
En la constitución ilegal de la Unión Temporal Centros Poblados y en la presentación de pólizas falsas para que les fuera entregado el millonario contrato.
Según la investigación que cursa en su contra, Lascarro, Cáceres y Laverde hicieron incurrir en error a los funcionarios del MinTIC para que les adjudicaran el contrato y les dieran el sonado anticipo de $70.000 millones que habrían utilizado para cubrir actividades que “no correspondían al objeto contractual”.
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Los delitos que pesan en su contra
Ottomar Lascarro, Juan Carlos Cáceres y Juan José Laverde deberán responder por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y fraude procesal.
Por su parte, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que parte de los $70.000 millones habrían sido entregados a los representantes de las empresas de Centros Poblados, quienes los utilizaron para "pagar honorarios de abogados y dádivas a intermediarios, y comprar obras de arte, vehículos de gama alta, apartamentos, pasajes aéreos, entre otros gastos personales", concluyó la Fiscalía.
Al mismo tiempo, hay una eventualidad que dejaría bajo máxima sospecha a Juan José Laverde, y fue su intempestivo su retiro de Rave Agencia de Seguros al destaparse el escándalo.
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