Hay condena para dos expolicías por muerte de joven tras protestas del 9 de septiembre de 2020
Un juez avaló las pruebas de la Fiscalía y declaró culpables a dos exuniformados por homicidio y alteración de pruebas.
Noticias RCN
05:57 p. m.
Hay justicia en uno de los episodios más graves de violencia policial en Colombia durante los últimos años. Un juez penal de conocimiento emitió sentido de fallo condenatorio contra Óscar Alexander Márquez Rojas y Wilmer Andrés Ricaurte Bonilla, exintegrantes de la Policía Nacional, por su responsabilidad en el homicidio de Anthony Gabriel Estrada Espinosa durante las protestas del 9 de septiembre de 2020 en el municipio Soacha.
De acuerdo con la Fiscalía, las pruebas técnicas, científicas y balísticas permitieron establecer que Márquez Rojas disparó el arma de dotación que causó la muerte de la víctima.
Además, se acreditó que ambos uniformados alteraron la escena del crimen y modificaron la munición utilizada con el objetivo de desviar las investigaciones, incurriendo también en el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.
Pruebas balísticas y responsabilidad penal en el caso 9S
El fallo recoge la teoría del caso presentada por la Fiscalía y respaldada por la representación de víctimas, encabezada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar). Según el proceso judicial, la correspondencia entre el proyectil y el arma oficial fue determinante para establecer la responsabilidad individual de los implicados.
En paralelo, se ordenó la captura inmediata de Márquez Rojas, quien no ha comparecido al proceso durante más de un año, incumpliendo medidas como la detención domiciliaria. Actualmente, su paradero es desconocido.
9S: contexto, víctimas y denuncias de abuso policial
El homicidio de Anthony Estrada se enmarca en los hechos del 9 y 10 de septiembre de 2020, una serie de acontecimientos violentos ocurridos en Bogotá y Soacha tras el asesinato del abogado Javier Ordóñez. Durante esas jornadas de protesta, al menos 13 personas murieron y decenas resultaron heridas en medio de operativos de la Fuerza Pública.
Un informe solicitado por la Alcaldía de Bogotá y elaborado con apoyo de Naciones Unidas documentó 14 muertes, de las cuales 11 fueron atribuidas al uso indiscriminado de la fuerza por parte de la Policía Nacional.
El caso de Estrada, un joven migrante venezolano que buscaba mejores condiciones de vida, se convirtió en símbolo de estos abusos. Su muerte, según las autoridades, fue consecuencia directa del uso injustificado de la fuerza por parte de agentes estatales.
En materia disciplinaria, la Procuraduría ya había sancionado a los expolicías en 2025. Márquez Rojas fue inhabilitado por 20 años tras comprobarse que disparó de manera indiscriminada, mientras que Ricaurte Bonilla recibió una sanción de ocho años por uso indebido de su arma durante las manifestaciones.
Según datos de los abogados de la víctima, de los 87 agentes que habrían utilizado munición en esas jornadas, solo tres han sido imputados hasta el momento.
La lectura de la condena está programada para el próximo 19 de junio, fecha en la que se conocerán las penas definitivas contra los responsables.
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