Colombia está bajo fuego: el fuerte llamado de gobernadores y alcaldes al Gobierno Nacional

Colombia vive actualmente una terrible situación de orden público por cuenta de los raponazos de celulares en las calles de Bogotá, las extorsiones que habrían sido el móvil del triple homicidio de este fin de semana en Soacha, Cundinamarca, e incluso, por la trágica masacre de cuatro mujeres en Tuluá, Valle del Cauca. 

Son un sinfín de escenarios de inseguridad que día a día enfrentan los ciudadanos en distintas partes del país, como los que se encuentran bajo el fuego de los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales en distintas zonas y hasta las carnetizaciones a la población civil por parte de grupos criminales para impedir su libre movilización. 

La violencia parece estar ganando terreno en gran parte del país, donde los delincuentes incluso patrullan las calles fuertemente armados. 

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Es un cáncer, que ha hecho metástasis en diferentes regiones, a juzgar por el más reciente informe de los gobernadores del país que le enviaron al Gobierno Nacional y en el que aseguran que “en solo seis meses se han reportado 427 acciones armadas y 207 amedrentamientos contra la población”. 

“Han seguido extorsionando, secuestrando y eso no lo podemos permitir los gobernadores ni los alcaldes de Colombia”, indicó Arnulfo Gasca, gobernador del Caquetá. 

Una violencia que ya registra 336 acciones que se consideran violatorias del cese del fuego, entre el 1 de enero y el 30 de junio. Pero con un ingrediente adicional, una violencia que se registra en época preelectoral, como lo indica la MOE en su más reciente informe. En el que menciona que en los siete meses transcurridos entre el 29 de octubre y el 29 de mayo pasados, han sido los más violentos desde que, en 2006, comenzó a hacerle seguimiento a la seguridad de las elecciones. 

“Siendo Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia y Cesar, los territorios más afectados”, señaló Mauricio Vela, coordinador del observatorio político electoral de la Misión de Observación Electoral. 

En resumen, una violencia donde los líderes sociales y defensores de derechos humanos son el primer blanco, tal como lo dice procuradora, quien aseguró en las últimas horas que el 10% de los personeros del país están amenazados y al menos 12 alcaldes en siete departamentos despachan fuera de sus jurisdicciones por la misma razón: temor a perder la vida. 

El llamado al Gobierno Nacional para trazar estrategias que frenen este flagelo viene de todas las orillas, pues la criminalidad no distingue tendencia política. 

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