Gobierno Nacional le puso fecha final a sus contratos de prestación de servicio

El Gobierno anunció a través de una circular del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Esap que se firmarán este tipo de contratos de prestación de servicios hasta el mes de abril, mientras se habilitan las plantas de empleos temporales.

El documento ordena a las entidades del Gobierno limitar los contratos de prestación de servicios, puesto que solamente los que sean estrictamente necesarios estarán autorizados para los próximos cuatro meses.

La contratación directa a través del contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión deberá tener un término de duración de cuatro (04) meses, dice parte del documento.

En el texto se explica que durante este plazo los organismos y entidades del Gobierno Nacional y territorial deberán elaborar los estudios técnicos para establecer la planta temporal de personal que supla las necesidades administrativas que se requieran.

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¿Qué busca el Gobierno con el reemplazo de este tipo de contratos?

El hecho de cambiar los contratos de prestación de servicio por los empleos en plantas temporales significaría un cambio en los beneficios de los trabajadores gubernamentales, puesto que los empleados no tendrán que pasar cuenta de cobro, y recibirán todas las prestaciones de ley: salud, cesantías, primas, vacaciones, aportes a pensión, y al mismo tiempo, devengarán un sueldo equivalente al de los servidores públicos de las entidades.

Con este periodo de cuatro meses se espera que las entidades tengan el tiempo necesario para hacer los estudios de cargas laborales que se requieren sin que se paralicen los servicios. 

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Plan de austeridad del Gobierno Nacional

Esta medida se enmarca dentro de la línea del plan de austeridad que ha diseñado el Gobierno para 2023, donde se agudizarán los requisitos para contratar a través de una orden de prestación de servicios. 

“La necesidad de estos contratos deberá justificarse detalladamente, caso a caso, en los documentos precontractuales”, reza el documento del Ministerio de Hacienda.

Más de un millón de personas en Colombia trabajan con el Estado a través de este tipo de contratos, por esta razón el Gobierno busca desmontar la figura de nóminas paralelas que se estarían tejiendo desde las contratistas.

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