Gobierno responde a incidente de desacato de la Corte Constitucional sobre la niñez de La Guajira

La consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, se refirió al incidente de desacato que abrió la Corte Constitucional en contra de diferentes funcionarios del Gobierno sobre la vulneración de los derechos de la niñez Wayúu en La Guajira.

"La Sala de Seguimiento valoró el cumplimiento de la orden tercera de la sentencia en cuanto a la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas para la superación del estado de cosas inconstitucional (Mesepp) que tiene como objetivo garantizar el goce de derechos de las y los niños de la comunidad indígena al agua, la alimentación y la salud", afirmó la Corte.

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Sobre la comunicación de la Corte, Ortiz aseguró que como Gobierno ya respondieron con la creación de la Mesepp y reiteró el compromiso del Ejecutivo con garantizar los derechos en La Guajira.

"Este ha sido un Gobierno que se ha entregado, que ha tenido un propósito de sacar La Guajira en adelante. Estuvimos más de una semana en Gobierno con el pueblo, el presupuesto aumentó en un 76 %, aumentó en casi tres billones de pesos, eso es histórico un presupuesto para La Guajira", afirmó Ortiz.

Presidente firmará decreto para creación de la Mesepp

La funcionaria del Gobierno aseguró que todas las dependencias, entidades y Ministerios tienen un enfoque de trabajo para atender las necesidades de ese territorio.

“Hemos venido trabajando paralelamente el Meseep con todas las acciones que se han hecho desde los Ministerios. Ha sido un trabajo serio, juicioso y responsable”, explicó la consejera.

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En los próximos días el presidente Gustavo Petro firmará el decreto que oficializará la creación de la Messep, según informó la consejera presidencial.

¿Qué dijo la Corte sobre la Meseep?

La Corte abrió el incidente de desacato contra la consejera Ortiz; contra los ministros de Salud, Guillermo Jaramillo; de Vivienda, Catalina Velasco; de Ambiente, Susana Muhamad; de Agricultura, Jhenifer Mojica; la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Laura Sarabia; y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas.

En el incidente, el alto tribunal aseguró que ese mecanismo debe estar enfocado en garantizar los derechos de los menores indígenas para que así puedan acceder al agua potable, a una alimentación y a la salud.

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"Si bien se reportó la creación de la comisión intersectorial para el departamento de La Guajira como acción para cumplir la orden, esta no es conducente, toda vez que es incompatible con los elementos del mandato al no incluir a todas las entidades concernidas en la orden", informó la Corte.