Gobierno se compromete con seguridad de defensores de DD.HH.

Defensores de derechos humanos en zonas de riesgo del país dispondrán de un plan de prevención y protección especial para prevenir ataques de los paramilitares que saldrán próximamente de prisión tras cumplir la condena de ocho años prevista para quienes se desmovilizaron en 2006.

Autoridades del Gobierno y más de 109 defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunales mantuvieron una reunión para evitar un eventual brote de violencia con la vuelta a las calles de los paramilitares que integraron las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), informó el ministerio de Interior.

En concreto, el plan aplicará a responsables de algunos de los departamentos más afectados por la violencia de este grupo armado, como son Córdoba, Bajo Cauca, Medellín, Valle de Aburrá, Magdalena Medio, Cesar y Atlántico.

"Nos dedicamos a analizar las implicaciones para defensores de derechos humanos, líderes de tierras, víctimas e incluso jueces y fiscales la salida de los postulados de la Ley de Justicia y Paz. Hay que prevenir que esa salida no signifique el recrudecimiento de las zonas a donde vuelvan estas personas", explicó el ministro de esta cartera, Juan Fernando Cristo.

Para garantizar la seguridad de los amenazados, se barajan varias medidas que se aplicarán en función de las necesidades de cada caso, explicó el consejero presidencial para los Derechos Humanos y DIH, Guillermo Gaviria, también presente en la reunión.

"Algunas víctimas van a requerir medidas como escoltas, vehículos blindados... otras víctimas requerirán otras medidas de protección", declaró.

Este encuentro sirvió para reactivar la Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Comunales, que no se reunía desde hacía un año.

En los últimos meses han comenzado a salir de prisión algunos de los paramilitares acogidos a la Ley de Justicia y Paz, que fue diseñada para esa gran desmovilización por el entonces presidente Álvaro Uribe y que establece penas de ocho años como máximo.

Desde septiembre, defensores de derechos humanos han denunciado un aumento de advertencias en su contra por parte de bandas criminales herederas de las autodefensas que han supuesto un récord de más de 150 amenazados solo durante ese mes.

EFE