Inadmiten tutela de Gustavo Petro contra Claudia López

A través de un trino, la alcaldesa de Bogotá, Claudia Nayibe López, dio a conocer la decisión del juzgado 12 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, de ‘no tutelar’ una serie de derechos que había reclamado el senador Gustavo Petro Urrego, frente a una declaración que había emitido la funcionaria el pasado 10 de agosto.

Según Petro Urrego, la alcaldesa de Bogotá había vulnerado sus derechos de dignidad humana, buen nombre, honra, presunción de inocencia, y a la no discriminación por razones políticas, y a la oposición política, luego de que afirmara que “esta radicalización abiertamente promovida por senadores como Gustavo Bolívar y otros actores del Petrismo, es absolutamente irresponsable y está directamente correlacionada con que se sigan presentando estos hechos de vandalismo en la ciudad. No hay derecho que para hacer política algunos sectores, como ellos, estén radicalizando jóvenes para enviarlos como carne de cañón e incluso terminen en este tipo de actos vandálicos”, al referirse al a situación de protestas y hechos delictivos que se presentaban en la capital del país durante la radicalización de las manifestaciones.

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De acuerdo con la resolución del alto tribunal, al resolver no tutelar los derechos tutelados por Gustavo Petro, en las declaraciones emitidas por Claudia López, no se menciona al senador Petro, advirtiendo que de las afirmaciones per se, no se puede inferir la existencia de discriminación ni señalamientos directos a la colectividad política conocida como Colombia Humana, de la cual el ahora también precandidato presidencial es cabeza.

En su comunicado, el juzgado afirma que sí se hace alusión directa al senador Gustavo Bolívar, quien abiertamente sí ha hecho referencia a la promoción de manifestaciones y resistencia frente al actuar de la fuerza pública.

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Tras conocerse el fallo, la alcaldesa de Bogotá celebró la decisión del ente judicial, señalando que el exalcalde Petro intentaba “censurar la libertad de expresión y el control político a sus actuaciones políticas de radicalización”.

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