Indagan a funcionarios ante sobrecostos en servicios públicos en época de pandemia

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra varios funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), por presuntos incrementos en tarifas y cobros injustificados de servicios públicos durante la emergencia del covid-19.

El ente de control señaló que busca establecer los controles y las actuaciones de la SuperServicios y las comisiones frente a los aumentos realizados a los prestadores en las tarifas de servicios públicos a nivel residencial, industrial y comercial, lo que podría repercutir en el menoscabo de las finanzas de los titulares de los servicios.

Vea también: Denuncian alzas en el precio de servicios públicos en todo el país

Asimismo, si en el marco de las funciones de inspección, vigilancia, control y regulación que les fueron asignadas, la SSPD, la CRA y la CREG han intervenido efectiva y oportunamente en la correcta aplicación del régimen tarifario por parte de los prestadores, a partir de la declaratoria de emergencia económica y social. 

También, el determinar si se previeron estrategias tendientes a garantizar que la facturación corresponda a los consumos reales y no esté definida por mediciones del promedio del consumo antes de la pandemia por el covid-19, indicó la entidad.

Por ahora, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de las conductas, identificar los posibles responsables y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria.

La indagación se originó en las acciones disciplinarias desplegadas por el ente de control con fundamento en las quejas recibidas por presuntos cobros injustificados en la facturación de servicios públicos.

Casos de vigilancia especial

Por presuntos cobros excesivos en las tarifas de energía, la Procuraduría también informó que abrió indagación preliminar, en averiguación de responsables, contra funcionarios de las empresas de servicios públicos de energía de Cundinamarca, en las provincias de Sumapaz, Gualivá y Guavio; la Sociedad Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP (CHEC- GRUPO EPM),  y el municipio de Santuario, Risaralda. 

Así mismo, trasladó a la Superintendencia Delegada de Servicios Públicos Domiciliarios de Energía y Gas las quejas formuladas contra Codensa y/o Enel, por la facturación a los usuarios de Bogotá de valores que no son parte del servicio, además de costos con incrementos que no estarían justificados.

Le puede interesar: Consejos para entender las alzas en su recibo de servicios públicos

También dio traslado de la quejas contra Celsia S.A. ESP, en Tolima, porque al parecer, habría promediado el consumo a cerca de 60.000 clientes para fijarles una tarifa, que en muchos casos, superaría el 30%. Además, contra Electricaribe, en la Costa Atlántica, por presunto incremento exagerado en la facturación del servicio público de energía, entre los meses de marzo y abril de 2020.

Finalmente, remitió quejas contra funcionarios por determinar de Emcali, en el Valle del Cauca y las Empresas Municipales de Cartago, por presuntos cobros excesivos de los servicios de acueducto y energía, respectivamente.