Indígenas wounaan serán reparados por el Estado por más de $20.000 millones

La Nación fue condenada por el Consejo de Estado por no haber tomado las acciones pertinentes para la prevención del desplazamiento forzado del pueblo indígena wounaan, del que fueron víctimas siete años atrás.

Según el Consejo de Estado, la responsabilidad recae en la falta de medidas para atender a las comunidades, garantizándoles una vida digna durante el desplazamiento entre la cuenca baja del río San Juan, en Chocó, hacía la ciudad de Buenaventura, en el Valle del Cauca.

En consecuencia, la decisión estipula que el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, el Distrito de Buenaventura y la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, deben pagar la suma de 20.520 salarios mínimos legales al Fondo para Protección de los Derechos Colectivos, a modo de reparación para aquellas personas víctimas del episodio de desplazamiento.

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Cabe señalar también que, cerca de 405 indígenas se vieron en la obligación de abandonar los resguardos de Chachajo, Chamapurro y Aguaclara, huyendo hacia Buenaventura debido al conflicto armado.

Otra de las estipulaciones del Consejo de Estado, señala que las partes condenadas deben pedir excusas públicas a los indígenas por los daños causados.

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Consideraciones para la reparación

Según el Consejo de Estado, existió una falla en el servicio de atención, al omitir las medidas de seguridad que debían garantizarse a las comunidades indígenas para contrarrestar las amenazas violentas de las cuales eran objeto y que causaron su huida del territorio ancestral que habitaban.

Se comprobó la falta de gestión del Distrito de Buenaventura y la Uariv para proporcionar los servicios y la atención humanitaria diferenciada que requerían estas comunidades durante el tiempo que permanecieron lejos de sus lugares de origen, afectando incluso su integridad étnica.

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Asimismo, la entidad reconoció que, aunque existía una inminente amenaza de desplazamiento para esta población, prevista por las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, el Estado no implementó las medidas necesarias para atender a las víctimas mientras permanecían fuera de su territorio, ni las acciones para garantizar su retorno seguro a la zona de bajo San Juan, a donde regresaron bajo el mismo asedio que los obligó a desplazarse.