"Si un joven fue detenido con un explosivo, podría ser indultado": Representante José Alberto Tejada en El Debate de las 6

En el programa El Debate de las 6 nuestros invitados analizaron al detalle el tema del indulto a los miembros de la Primera Línea. Esto fue lo que dijeron.


Primera Línea, Foto
Primera Línea, Foto: / AFP

Noticias RCN

octubre 25 de 2022
07:36 p. m.
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En los últimos días, uno de los temas más polémicos que giró alrededor de la discusión sobre el proyecto de ley de Orden Público, fue la intención del Gobierno Nacional de avalar algunos artículos que incluían el indulto para lo miembros de la Primera Línea, investigados o condenados por delitos relacionados con las manifestaciones sociales.

Los dos “micos” del proyecto de ley le otorgaban facultades al presidente de la República para indultar a dichas personas, y, aunque los artículos fueron retirados en el marco del debate de la ley de Orden Público, se conoció que esta iniciativa continúa en la mira del Pacto Histórico, y será parte de un nuevo proyecto de ley liderado por el ministerio de Justicia.

Este tema tuvo lugar en el programa del Debate de las 6, donde se analizó desde distintos puntos la polémica.

El representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alberto Tejada, defendió la postura de su bancada, en medio del programa El debate de las 6, de NoticiasRCN.com y precisó que la preocupación de algunos de los miembros del partido es que se haya desmontado el artículo del indulto, porque se está “sindicando de manera genérica como si todos los jóvenes fueran delincuentes, terroristas, o guerrilleros”, y además, detalló que la intención del Gobierno es que se pueda revisar caso a caso a cada joven inculpado en estos delitos, y encontrar alternativas dentro del marco fiscal para definir una situación particular en aquellos casos de un encarcelamiento sin fórmula de juicio.

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Esto claramente, debido a que, en algunos casos, la Fiscalía General de la Nación no ha podido demostrar con evidencia los delitos que les han sido imputados o se encuentran en proceso de investigación.

Sin embargo, aunque no todos los casos fueron de la misma magnitud, durante las protestas del llamado estallido social en el 2020, se presentaron una serie de hechos violentos que acabaron con vida de algunas personas en medio de acciones lideradas por particulares y en otros casos en medio de un exceso de fuerza desde los organismos de seguridad pública.

Uno de los casos expuestos en medio del debate fue el hecho relacionado con la captura de una persona acusada de haber cruzado un cable de acero en la Avenida de las Américas, que, aparentemente fue la causa de la muerte de un motociclista. El analista Jairo Libreros, concuerda con que este es un delito que no debería incluirse en el indulto que persigue el Gobierno Nacional, y de comprobarse la responsabilidad de homicidio debe ser condenado.

Sin embargo, hace énfasis en que este es el caso más famoso de más de 250 capturas a los miembros de la Primera Línea.

Por su parte, para el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, aquellas personas que han sido vinculadas a hechos concretos de daño al patrimonio, o por homicidio y tortura deben ser juzgados bajo la justicia ordinaria, y “no legislar con nombres propios para favorecer personas específicas”.

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Se debe demostrar el daño al bien público o privado

Otro punto álgido de la discusión se tuvo en medio de el cuestionamiento sobre si los jóvenes que fueron capturados con artefactos explosivos en medio de las protestas podrían ser considerados como un peligro para la sociedad. Un punto que generó polémica por la respuesta del representante del Pacto Histórico.

"La sola tenencia de un producto explosivo no es suficiente prueba que el muchacho incendió o hizo el daño a algún público o privado", afirmó Tejada.

Desde su punto de vista los jóvenes a los que no se les haya demostrado que estos artefactos fueron utilizados para cometer un delito, no debería ser procesado. Además, catalogó esta situación como un tema de “sensatez política”, en medio de lo que llamó una ola de impunidad con otros actores que participaron en hechos violentos en las manifestaciones y no han sido vinculados judicialmente.

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