En la lupa millonaria licitación para el servicio de salud de profesores

La fiscalía investigará si existen o no presuntas irregularidades en los documentos aportados por proponentes en la licitación de 1.6 billones de pesos, de un contrato para la operación y prestación de los servicios de salud del magisterio - Fomag.

Se trata de una de las contrataciones más jugosas del Estado, pues están en juego $1.6 billones, que es lo que cuesta prestarle el servicio de salud a todos los maestros del país, durante los próximos cuatro años.

A través de este proceso, la Fiduprevisora deberá escoger a los operadores para cada una de las 10 regiones que abarcan todo el territorio nacional. Lo que Noticias RCN ha conocido, es que en lo correspondiente a la Regional 5, que comprende los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre, cuyo valor está estipulado en $1.5 billones de acuerdo a los pliegos publicados en Secop II, se presentaron dos oferentes: Medicina Integral SAS, y la Unión Temporal Salud Docente, de la que hacen parte 5 IPS. 

Según las denuncias que ya fueron radicadas ante la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Oficina de Transparencia del Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación; la IPS Medicina Integral SAS, que es el actual operador para la mencionada región desde hace 20 años, falsificó uno de los documentos clave y necesario para el cumplimiento del requisito "habilitante técnico". Se trata de una Carta de Intención y Promesa de Contrato de Prestación de Servicios. 

Lo insólito de esta denuncia, es que ese esencial documento que el mencionado oferente adjuntó en su oferta ante la Fiduprevisora, presentaría la firma falsificada de uno de los miembros principales de su oponente, es decir, la empresa que le compite en este proceso.

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Según la denuncia que ya está evaluando un fiscal anticorrupción, se trata de la firma ilegalmente usada por MEDICINA INTEGRAL SAS, que corresponde a la de la Representante Legal de Servicios Médicos Olimpus SAS", una de las IPS miembro de la UT Salud Docente.

Según abogados consultados por este medio, las normas legales vigentes para este tipo de proceso licitatorio, establecen que cuando en una propuesta se presenta una información falsa, inexacta, adulterada, o que contenga documentos espurios, la entidad contratante (en este caso Fiduprevisora) está obligada a rechazar de plano las pretensiones del oferente que incurra en una de estas actividades ilícitas, es decir, que debe ser descartada de tajo. 

Es preciso aclarar, que es la primera ocasión en que la Fiduprevisora realiza esta convocatoria pública a través de la plataforma Secop II, lo cual la hace mucho más pública, porque las ofertas presentadas por todos los oponentes están visibles para todas las entidades, veedurías, etc., hecho que anteriormente no ocurría, ya que las propuestas eran presentadas de manera física en miles de folios directamente en las oficinas de la FIiduprevisora y ahí se quedaban sin que las demás personas tuviesen acceso a estas.

En esta ocasión, todo el proceso, de principio a fin y en tiempo real, puede ser consultado y escrutado por cualquier ciudadano y, especialmente, por los propios entes de control del Estado.

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¿Qué dice la Fiduprevisora?

Se aclara que en la etapa actual el proceso de contratación, la Fiduprevisora se encuentra adelantado la verificación inicial de requisitos habilitantes, etapa dentro de la cual se valoraran las promesas de contrato.

En caso de que se detecten inconsistencias o presuntas falsedades, la Fiduprevisora como vocera del patrimonio autónomo Fomag, dará traslado de las mismas a los involucrados a efectos de adelantar las verificaciones respectivas, así como a las autoridades competentes.

Desde la entidad se reitera el compromiso de garantizar los principios que orientan la gestión contractual, así como la transparencia en todos las actuaciones dentro del curso del proceso de selección.