Investigarán presuntas irregularidades en convenios del Gobierno con organizaciones indígenas

La Procuraduría General anunció que investigará a los Ministerios del Interior y de Ambiente y a la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) por las presuntas irregularidades que se habrían cometido en convenios que el Ejecutivo suscribió con organizaciones indígenas.

Según el órgano de control, se trata de dos convenios suscritos de un presupuesto de casi $30.000 millones.

¿Cuáles son los contratos?

El primer convenio es del Ministerio de Ambiente y la CRC, quienes suscribieron un acuerdo por un valor de más de $4.900 millones con el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y que tiene como objetivo adelantar acciones para mitigar el cambio climático.

El segundo acuerdo es del Ministerio del Interior con la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) por un valor de $25.000 millones para fortalecer los saberes políticos y espirituales de las organizaciones indígenas que hacen parte de la Mesa Permanente de Concertación (MPC).

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“Se habrían presentado posibles irregularidades en la selección del personal que debía ejecutar las actividades, ya que en la definición de los perfiles se fijaron requisitos específicos cuyos costos aparentemente serían desproporcionados”, informó la Procuraduría.

El órgano de control aseguró que los hechos irregulares pudieron haberse presentado en actividades puntuales pactadas en los convenios y a las que les habría sido asignado un presupuesto elevado.

Para adelantar la investigación, la entidad le solcito información de los convenios a las dependencias correspondientes.

“La Procuraduría busca establecer si se cometieron irregularidades que constituyan faltas disciplinarias e identificar a los posibles responsables”, informó el órgano de control.

Procuraduría evaluará a la Secretaría de Transparencia

La procuradora general, Margarita Cabello, también anunció que evaluarán si el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, habría incurrido en participación política por la presentación del informe en el que aseguró que más de 500 candidatos estarían inhabilitados para participar en las elecciones regionales del próximo 29 de octubre.

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“Estamos evaluando en virtud de algunas informaciones que nos han presentado, la situación de su manifestación para analizar antes de tomar cualquier medida, como es lo correcto, si hubo o no injerencia en participación política. El secretario de Transparencia es una persona que da recomendaciones a los entes”, afirmó la procuradora.