Iris Marín pide al Consejo de Estado tumbar nombramiento de Mancuso, ‘Macaco’ y ‘Don Berna’ como gestores de paz
El escrito advierte que la medida excluye la participación de las víctimas en el diseño y evaluación de las actividades, lo que constituye una vulneración de sus derechos.
Noticias RCN
03:10 p. m.
La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín Ortiz, radicó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, mediante la cual el Gobierno designó a 16 exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz.
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Entre los nombrados figuran Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, y Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco.
Argumentos de la demanda de la Defensoría
La acción judicial sostiene que el acto administrativo fue expedido con infracción de la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz) y del Decreto 1175 de 2016, normas que regulan la figura de los gestores de paz.
Según la Defensoría, la resolución asigna funciones no previstas en la legislación, como la elaboración de un balance integral sobre los avances de la Ley de Justicia y Paz y la formulación de recomendaciones institucionales para su cierre definitivo.
El escrito advierte que la medida excluye la participación de las víctimas en el diseño y evaluación de las actividades, lo que constituye una vulneración de sus derechos en el marco de la justicia transicional. Además, señala que varios de los designados han sido extraditados, condenados o excluidos de Justicia y Paz por incumplir compromisos de verdad y no repetición, lo que genera un riesgo de revictimización simbólica.
Impacto institucional y social
La Defensoría argumenta que la resolución afecta gravemente el orden público y la confianza ciudadana en las instituciones, al otorgar un rol de interlocución a excomandantes paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad. Para Iris Marín, la decisión del Ejecutivo desnaturaliza la política de paz al aplicar una figura concebida para diálogos con actores armados activos a una organización ya desmovilizada, lo que genera incertidumbre jurídica sobre los límites de las facultades presidenciales.
La demanda solicita la suspensión provisional de la resolución y que el Consejo de Estado declare su nulidad, con el fin de preservar la coherencia de la política pública de paz y garantizar los derechos de las víctimas.
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