Hallazgo fiscal de más de $5.000 millones en contratos de cámaras de seguridad en Bogotá

La Contraloría de Bogotá anunció varios descubrimientos respecto a miles de cámaras de seguridad en la ciudad. Según el ente de control fiscal, se hicieron hallazgos de más de 5.300 millones de pesos en contratos para el mantenimiento de dichos equipos.

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“Encontramos irregularidades en contratos para el mantenimiento de 5.824 cámaras de videovigilancia. Con lo cual la Contraloría de Bogotá configuró hallazgos fiscales por 5.379 millones de pesos. Aquí también hallamos fallas en la supervisión e interventoría de estos contratos ”, aseguró la Contraloría.

Los hallazgos se hicieron, principalmente, en relación a: cobro de mantenimiento a cámaras fuera de servicio y pagos duplicados.

Vale la pena aclarar que dichos hallazgos se hicieron en contratos suscritos entre 2021 y 2023.

Más de 2.600 cámaras de seguridad en Bogotá están fuera de servicio

Además de lo anterior, la Contraloría señaló que se hizo la revisión de 10 contratos en los que la Secretaría de Seguridad invirtió 108.000 millones de pesos. Asimismo, el ente de control señaló que la mayoría de las irregularidades se relacionaban a millonarios pagos de mantenimientos correctivos que se ordenaron basados en diagnósticos fallidos.

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“La Contraloría de Bogotá halló irregularidades tanto en la supervisión como en la interventoría de los contratos para el mantenimiento de 5.824 cámaras, lo que habría conllevado que cerca del 45% de esos equipos de videovigilancia permanecieran fuera de servicio”, aseguró el ente de control a través de un comunicado.

Contraloría abrirá proceso de responsabilidad fiscal por millonarias fallas en cámaras de videovigilancia en Bogotá

Debido a lo anteriormente mencionado la Contraloría mencionó que ya hizo el envío de todo lo encontrado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría para que se proceda con la apertura del correspondiente proceso de Responsabilidad Fiscal “ a fin de que se logre la recuperación de los recursos públicos y determinar los responsables del detrimento patrimonial”.