JEP imputa crímenes de guerra a 22 militares por casos de falsos positivos

La sala de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del entonces DAS y dos civiles por el caso de falsos positivos en la región de Casanare. Entre los imputados se encuentran el general (r) Henry Torres Escalante y dos coroneles.

Según indica la JEP, 303 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros o delincuentes dados de bajas en combate. Mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas en condiciones de discapacidad cognitiva sufrieron daños graves, diferenciados y desproporcionados por las acciones de esta unidad militar. Los pobladores fueron estigmatizados y algunas familias padecieron con intensidad este fenómeno. 

Señalan que en la Brigada XVI se implantó una organización criminal compleja que se valió de la arquitectura institucional del Ejército para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate en Casanare entre 2005 y 2008. Remarcan que al interior de dicha Brigada había una conducta  para llevar a cabo ataques organizados y a gran escala con la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate. 

"Kit de legalización"

Las víctimas eran equipadas con armas, munición y prendas para hacerlas pasar como combatientes. Se conoció que los miembros de la Brigada XVI denominaban a estos implementos el “kit de legalización”. Durante ese tiempo, más de 140 millones de pesos, provenientes de los recursos de los contribuyentes, sirvieron para financiar el accionar criminal de los imputados.  

Remarcan que la mayoría de las víctimas de estos actos fueron hombres entre los 18 y los 25 años. Sin embargo, la investigación logró obtener información sobre el asesinato de nueve mujeres en Casanare. Entre ellas, una se encontraba en estado de embarazo y dos eran trabajadoras sexuales,

Añadido a esto,  por primera vez la JEP imputa el crimen de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes por involucrar menores de 18 años como reclutadores o personas encargadas de participar en el engaño que condujo a la muerte a algunas de las víctimas.