La respuesta de la Presidencia a las 60 preguntas enviadas por el Procurador a Santos

La secretario privado de la Presidencia de la República, Enrique Riveira Bornacelli, le respondió este martes al procurador Alejandro Ordóñez, quien le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que a través de 60 preguntas le pide precisiones sobre el acuerdo firmado el pasado 23 de junio con las Farc en puntos como el cese al fuego bilateral y definitivo y la dejación de armas. (Vea aquí el documento completo con todas las preguntas del Procurador)

Primero, el secretario de la Presidencia dice que "resulta evidente que la intención del cuestionario no es la de obtener información relativa a los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación de La Habana, que por demás es pública, sino la de adelantar una actividad de control político contra el Presidente, más a fin al proselitismo partidista que a las funciones del Ministerio Público".

Segundo, Riveira Bornacelli le contesta a Ordóñez que algunas preguntas "discuten públicamente por qué no se han hecho convenios adicionales, o de otro tipo, o con otro alcance, o indagan por asuntos cuyas explicaciones emanan directamente de lo acordado entre el Gobierno y los representantes de la insurgencia".

Agrega que otras preguntas "contienen afirmaciones que revelan una posición política acerca de lo negociado con las Farc, para luego inquirir por qué las cosas no se han hecho en la forma en la que el señor Procurador caprichosamente estima conveniente".

En una tercera parte de la carta enviada al jefe del Ministerio Público, el secretario privado de la Presidencia afirma que "muchos de los interrogantes pretenden confundir a la ciudadanía, pues sugieren que lo convenido con las Farc les permite continuar con su actividad delincuencial o insinúan que las autoridades públicas se abstendrán de cumplir con sus funciones en la persecución del delito".

Riveira Bornacelli le señala al procurador que el Presidente "es el responsable de conservar el orden público en todo el territorio nacional y que derivado de dicha obligación tiene la potestad exclusiva para adelantar diálogos de paz y para definir los mecanismos necesarios para la reincorporación de delincuentes políticos a la vida civil".

Por último, el secretario privado de la Presidencia indica que "no es al Procurador de la Nación al que le corresponde ejercer funciones de control político de las negociaciones de paz, alegando competencias constitucionales que no tiene".

"En el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la ley del plebiscito este alto tribunal resaltó la prohibición absoluta que recae sobre los servidores públicos de los organismos de control de participar en actividades de proselitismo político", puntualiza Riveira Bornacelli en la carta.

Las preguntas de Ordóñez:

El funcionario le había manifestado a Santos que los interrogantes iban a contribuir a que los colombianos tuvieran el mayor grado posible de información veraz y precisa con el fin de que tomaran libremente su decisión de votar “Sí” o “No” en el plebiscito para la refrendación de los acuerdos.

Ordóñez había expresado también sus inquietudes frente a los alcances sobre las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales.

¿Para el Gobierno Nacional el acuerdo del 23 de junio de 2016 garantiza la desmovilización total de la Farc?, es la primera pregunta del Procurador.

¿Por qué el acuerdo no incluye la palabra desmovilización, ni su definición? ¿Qué entiende el Gobierno por desmovilización? ¿Las Farc comparten el mismo concepto? ¿Las Farc aceptan expresamente que se desmovilizarán?, fueron otros de los interrogantes. 

De igual manera: ¿Las Farc entregarán toda la riqueza ilícita acumulada durante años? Riqueza con la que podrían volver a comprar armamentos.

¿Cuántos exguerrilleros van a ser designados servidores públicos para el "cuerpo de seguridad y protección" que sería integrado por el personal de confianza del nuevo movimiento que surja de las Farc? ¿Cuánto se les pagará?

¿Qué sucederá con los miembros de las Farc el día D+181, esto es, un día después de que hayan finalizado las zonas de ubicación? ¿Se quedarán en las zonas? ¿Se trasladarán con absoluta libertad hacia otros lugares del país?

¿Estarán ubicados en lugares específicos para responder ante la administración de justicia por delitos y los crímenes de lesa humanidad de guerra en los que participaron?", había cuestionado el procurador Ordóñez en la misiva.

Con base en los resultados de una "revisión de antecedentes" ¿habrá purga en las Fuerzas Armadas? Entre el medio millón de sus integrantes y quiénes la han integrado desde 1964.

¿Qué mecanismo de control se va a implementar respecto a los 290 guerrilleros que saldrán de los campamentos?

¿Qué sucede si individuos de las Farc continúan adelantando acciones delincuenciales contra la población civil?, son algunas de las preguntas.

Ordóñez había terminado la carta agradeciéndole al presidente Santos la respuesta a sus interrogantes a la mayor brevedad, y recordándole que la Procuraduría está en su derecho de solicitar información a funcionarios públicos. 

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