“Las corruptas son las personas, no las empresas”: gerente de la ERU

Luego de varios años trabajando en Medellín, Carlos Alberto Montoya llegó a la gerencia de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá (ERU) cuando los proyectos de esa entidad parecían estancados.

Arquitecto de profesión, con cerca de 35 años de experiencia en el sector inmobiliario, y luego de siete meses en el cargo, su reto más grande es fomentar la inversión privada para los tres proyectos que la ERU tiene a su cargo.

Uno es la manzana 5 del barrio Las Aguas, dividida en dos lotes. En uno de ellos se lograron vender los derechos fiduciarios a un constructor privado que pretende construir una ciudadela universitaria. En el otro lote, hace pocas semanas se hizo un convenio entre la ERU e Idartes para el desarrollo de una cinemateca distrital.

El segundo proyecto es Estación Central, junto a la avenida Caracas y la calle 26, que sería el más importante de la entidad. Hace varias semanas el plan de renovación recibió el aval del Distrito, y se espera que a mediados de 2014 se inicie la convocatoria para los inversionistas privados que quieran diseñar y llevar a cabo la construcción.

Finalmente, el dolor de cabeza de la ERU ha sido la galería de comercio popular en San Victorino, el proyecto más antiguo de esa entidad. La última convocatoria directa para seleccionar a un inversionista se declaró desierta y en febrero de 2014 se vence la licencia de construcción. Además, en varias ocasiones se ha dicho que el proyecto pudo estar influenciado por el “carrusel de la contratación”.

¿Ha encontrado señales de que en San Victorino se presentaran irregularidades?

Carlos Alberto Montoya: Yo sí he notado manejos no muy claros dentro del proyecto de San Victorino. Por ejemplo, el proceso de selección de Urbe Capital como promotor inmobiliario me trae muchísimas dudas, porque los requerimientos que se le exigían no los cumplía y el rigor para su selección fue muy deficiente.

Luego, Urbe Capital también gestionó una licencia de construcción que tiene una ambigüedad muy extraña en las áreas. Como si se escondiera un área, algo muy turbio.

Además, cuando la ERU frenó el contrato con ellos, ofrecieron comprar a precio de costo todos los locales comerciales del proyecto. No entiendo, ¿cómo se puede ser juez y parte?

Hay cosas que no están claras.

Comerciantes de San Victorino aseguran que la ERU los incluyó en el proyecto y luego rechazó su inversión. ¿Qué de cierto hay en eso?

C.A.M.: La idea de los comerciantes del sector es que este es un proyecto público, pero no lo es. Cuando Urbe Capital empezó a ofrecer el proyecto, les dijo que si querían “pisar” el negocio abrieran una fiducia aparte de la de los terrenos, pero esa plata nunca se mezcló con el proyecto. Finalmente el monto de esas consignaciones frente al valor total del proyecto no logró alcanzar el punto de equilibrio.

Aquí tenemos la propuesta de una cooperativa de esos comerciantes proponiendo que les vendamos el proyecto para ellos aprovecharlo. Pero esos mismos comerciantes nos demandaron argumentando que supuestamente ellos sí habían logrado el punto de equilibro y habían negociado con nosotros cuando no fue así, no hay vínculo comercial entre la ERU y los comerciantes.

Además, es extraño que el observador del proceso de adjudicación de Urbe Capital era el mismo que hoy es representante de esos comerciantes del sector que nos tienen demandados.

La ERU es la entidad más importante en la renovación del centro de Bogotá, ¿por qué es necesaria esa renovación?

C.A.M: El problema es que en Bogotá se ha beneficiado el crecimiento inmobiliario expansivo que fomentó el sector privado. Ahora la ciudad está colapsada por ese crecimiento, el peso le queda al Distrito que tiene que llevar nuevos servicios a esas zonas, y además no se puede seguir construyendo sobre los cerros y los humedales. 

Cuando se empieza a invertir en las periferias, se descuidan los centros de las ciudades,  entran en decadencia y la alcaldía tiene que actuar sobre ese fenómeno. Los métodos son el redesarrollo y la renovación urbana. La idea es transformar esas zonas en las que surgen las ollas, predios de baja renta y comercio informal, para que así la ciudad no se siga expandiendo.

Pero la renovación dentro de la ciudad es un tema muy complejo porque, a diferencia de cuando se construye en lotes baldíos a las afueras, aquí siempre hay que negociar con más personas y eso lo hace más difícil.

¿Qué tan coordinadas trabajan las entidades públicas en los proyectos de renovación urbana?

C.A.M: La coordinación interinstitucional para llevar a cabo los proyectos todavía es muy distante. Por ejemplo en San Victorino, aunque los terrenos son herencia del parque Tercer Milenio y la ‘calle del cartucho’, para Catastro los lotes siguen siendo costosos.

Así que esa es una dificultad, porque en el avalúo catastral discrepamos muchísimo de que un lote afectado por utilidad pública valga lo mismo que en el comercio libre, aunque no lo esté. Entonces el peso muerto de la tierra es impresionante. En el último año, por ejemplo, el incremento del avalúo catastral fue del 68 por ciento.

En Estación Central se les ha propuesto a los propietarios de los predios que tengan participación directa en el proyecto ¿en qué consiste esa idea?

C.A.M: Ese tipo de proyectos los he hecho en Medellín con pactos de que nadie se va del barrio. La idea es que el proyecto funcione como una figura muy parecida a una copropiedad, en la que se cambie el predio por un coeficiente de coparticipación que luego le va a generar utilidades según las ganancias que se obtengan.  

Pero esto es muy nuevo en las leyes colombianas. Aquí solo sabemos expropiar porque todos esos trámites son engorrosos y no hay confianza entre el particular y el Estado para ese tipo de cosas. Además, hay mucha gente a la que le molesta la expropiación, pero después lo que quieren es que les paguen ya porque no les interesa un negocio de aquí a tres años.

Sin embargo, quiero fomentar esa idea y eso se logra aplicándola: hablando con los propietarios, haciéndoles propuestas racionales, lógicas, atractivas y transparentes. Eso significa un estilo de trabajo muy distinto.

¿Cuál cree que fue la consecuencia para la ERU luego de los escándalos de corrupción en el Distrito?

C.A.M: La carga de la corrupción le queda a las empresas, pero las corruptas son las personas. Por ejemplo, luego de que la convocatoria para el proyecto de San Victorino se declarara desierta, hubo una empresa que manifestó que las cargas económicas eran tan difíciles que creyeron que el proyecto estaba “amarrado”. Que tristeza.

Pero finalmente, como estamos hablando de cargas económicas tan grandes, es obvio que son susceptibles de corrupción. Hay una confianza que construir.

¿Qué espera dejar en la ERU con su gestión?

C.A.M: Mi estilo es totalmente abierto, que todo sea encima de la mesa, y sé que con esa visión puedo lograr que la Empresa cambie. Una semillita que quisiera dejar es que haya buen trato, que haya comunicación directa, que se escuche al propietario y se le atienda cuando lo necesite.

Yo soy partidario de que el nuestro debe ser un Estado que cumple, que da la cara, que hace las cosas bien hechas y que respeta las normas.

Juan Diego Mesa O.

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