¿De qué ha servido implementar las audiencias virtuales en la Rama Judicial?

Se cumplen cuatro años de la posibilidad de tener audiencias virtuales en todo el país, uno de los efectos que dejó la pandemia. Actualmente, esto ha permitido que se hagan diariamente más de 50.000 diligencias, cuando antes solo se realizaban entre 50 y 70 presenciales.

Ajustar el sistema judicial fue uno de los grandes retos que trajo la pandemia debido a la paralización de los procesos por la presencialidad, lo que solo se pudo destrabar con la expedición del decreto 806 de 2020, que permitió la posibilidad de audiencias virtuales para avanzar en los casos y no generar una excarcelación masiva por vencimiento de términos.

La plataforma LifeSize ha sido la encargada de realizar toda la infraestructura tecnológica para que la justicia, desde la fecha en que la virtualidad tuvo luz verde, no tenga ninguna pausa o problema. 

Cada sala que usa la Rama Judicial tiene capacidad para 300 participantes, aunque generalmente se conectan entre 6 y 15 personas por cada audiencia. Los participantes generalmente son el juez, los abogados del acusado, el o los acusados, los abogados de la contraparte y, si es una audiencia pública, alguno que otro espectador. Estos, además del colaborador del Juzgado y en algunas oportunidades personal de soporte del sistema de Audiencias de la Rama Judicial.

Para uno de los representantes en la comisión de expertos de la reforma a la justicia, Fredy Machado, la virtualidad ha permitido el avance de la justicia en estos 4 años.

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“Es buena, la virtualidad llegó para quedarse. Los jueces antes estaban limitados por salas de audiencia porque son muy limitadas y ahora no. También para que el usuario economice y no se desplace a los palacios de justicia”, agregó. 

Igualmente, aseguró que con audiencias virtuales se garantizan los derechos de las víctimas y su protección en casos donde existen menores de edad o victimarios.

Sirven para proteger a los testigos, a las víctimas en sus declaraciones en los distintos procesos, lo cual permite que no existan dilaciones

La plataforma de la Rama Judicial tiene una solución dimensionada para 6.500 funcionarios, de los cuales al menos el 95% corresponde a jueces y juzgados distribuidos en todo el país; todos estos usuarios pueden utilizar la plataforma de forma simultánea, sin inconveniente alguno.

¿Son seguras las audiencias virtuales?

La plataforma no ha sido vulnerada en su seguridad tecnológica ni hackeada, no se han presentado situaciones como ingresos no autorizados o asistentes enviando contenido no apropiado para las reuniones.  

Las herramientas de protección del sistema y la opción de controlar el ingreso de las personas, así como la posibilidad de expulsar a participantes molestos, aseguran que este tipo de situaciones no se den y en caso de que lleguen a presentarse, se pueden controlar y minimizar.

Actualmente, el grueso de las audiencias corresponden al sistema Penal, aunque también hay eventos que corresponden al tema Familiar, Administrativo, Laboral, Promiscuo y en especial se llevan a cabo eventos para las Altas Cortes.

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¿Cuánto cuesta una audiencia virtual?

Una audiencia, en prometido, le cuesta a la nación $6.418, lo cual es un costo mínimo en comparación con otros sistemas en el mundo. Adicional a esto, la licencia contratada por la Rama Judicial es un valor único y puesto que no tienen límite en el número de audiencias a realizar, el valor de cada evento es muy bajo y cada vez es menor, pues el uso de la herramienta aumenta cada semana.

En el periodo de junio a diciembre de 2023 se llevaron a cabo 434.848 audiencias y en ese mismo periodo se hicieron 490.470 grabaciones. Para ese mismo periodo, la licencia de la plataforma tuvo un costo de $3.147.904.990.

Las ventajas de las audiencias virtuales

Además de acelerar los procesos judiciales, las audiencias virtuales han ayudado a la justicia a ahorrar y evitar costosos traslados de reclusos, pues ya no es necesario movilizar a las personas, algunas veces en avión y en casos relevantes con al menos 15 guardias.

A esto se suma la menor posibilidad de fugas o intentos de fuga que se presentaban al momento de trasladar a las personas desde los centros de reclusión, y el facilitamiento en la recolección de testimonios de personas que se encuentran recluidas en centros penitenciarios fuera de Colombia.

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Por: Felipe Quintero