El Salvador condenó a decenas de pandilleros de la MS-13 a penas de hasta mil años de prisión
De acuerdo con el ente acusador, los procesados fueron responsables de al menos 43 homicidios y 42 desapariciones, además de otros crímenes como extorsión y tráfico de drogas.
Noticias RCN
12:40 p. m.
La justicia de El Salvador dictó condenas históricas contra decenas de integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), una de las pandillas más violentas del país, en el marco de la ofensiva impulsada por el presidente Nayib Bukele contra el crimen organizado.
Condenan a pandilleros en El Salvador a penas de hasta mil años de cárcel
Según informó este domingo la Fiscalía General de la República, 248 pandilleros fueron hallados culpables de múltiples delitos y recibieron penas que suman varios siglos de prisión, incluida una condena que supera los 1.000 años de cárcel.
De acuerdo con el ente acusador, los procesados fueron responsables de al menos 43 homicidios y 42 desapariciones, además de otros crímenes como extorsión y tráfico de drogas.
Uno de los sentenciados recibió una pena de 1.335 años de prisión, mientras que otros diez fueron condenados a castigos que oscilan entre 463 y 958 años de cárcel. La Fiscalía no precisó la fecha exacta de las sentencias ni si estas corresponden a juicios colectivos.
Entre los hechos atribuidos a la estructura criminal, cometidos entre 2014 y 2022, figuran el asesinato de un estudiante universitario y el homicidio de una futbolista, así como una red sistemática de extorsiones a comerciantes y pequeños empresarios.
Según las autoridades, los pandilleros habían establecido bases en distintos sectores de la provincia de La Libertad, desde donde planificaban y ejecutaban sus actividades delictivas.
Estas condenas se producen en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que permite detenciones sin orden judicial y que ha sido el principal instrumento del gobierno de Bukele en su denominada “guerra” contra las pandillas.
Desde su implementación, más de 90.000 personas han sido arrestadas, aunque unas 8.000 fueron liberadas posteriormente tras comprobarse su inocencia, según cifras oficiales.
Cabe mencionar que la estrategia gubernamental sigue generando controversia. Samuel Ramírez, líder de un movimiento de familiares de detenidos que aseguran haber sido capturados injustamente, manifestó que, si bien está de acuerdo en que se aplique la ley a los delincuentes, cuestionó el respeto al debido proceso.
A su juicio, la falta de transparencia en los procedimientos judiciales y las condenas extremadamente altas responden más a una estrategia política que a criterios estrictamente jurídicos.
Organizaciones de derechos humanos también han denunciado abusos cometidos durante el régimen de excepción, señalando que al menos 454 personas han muerto en prisión desde 2022. Pese a ello, el gobierno sostiene que la ofensiva ha logrado reducir los homicidios a mínimos históricos y ha devuelto la seguridad a amplios sectores del país.
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