“La persecución también ha sido estatal”: lideresa social exiliada por defender derechos de mujeres

En Gaira, en el Rodadero, en Santa Marta, Luz Estella Romero Villalba leía “cosas fuertes, de verdad estructurales”, porque su papá la retaba a hacerlo. Creció con el panorama de la realidad colombiana en su cerebro y la felicidad de poder nadar en el mar cuando quisiera. De hecho, en tres ocasiones estuvo cerca de ahogarse. “Por ir cada vez más lejitos, más lejitos, más lejitos… Era la libertad de tener tan cerca la naturaleza”, le contó a NoticiasRCN.com.

Iba a la montaña a observar el mar. Trepaba árboles, se caía, volvía a treparlos. Volvía leer. Volvía a reír junto a unos padres que a los dos años se la llevaron de Baranoa (Atlántico), donde nació. De ahí cerca es originario Juan José Nieto Gil, el único presidente afro que ha tenido Colombia, el país cuyo nombre ha cambiado muchas veces. El país que en la década del 80 le dio a Romero Villalba una infancia feliz, rodeada de la actividad de comerciante de su padre.

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Y fue feliz mientras comprendía el conflicto de su nación. “Nacimos en medio de aprender a conocer la guerra. Y lo veíamos, lo palpábamos en la calle, lo palpábamos en todos los escenarios”. Sonreía cuando escuchaba en las noticias sobre las victorias ciclísticas de los hombres criados con aguapanela que derrotaban a los europeos en sus carreteras. Y analizaba, en medio de la tristeza, con los anuncios de bombas, asesinatos, corrupción y vulneración de los derechos humanos.

Por eso apartó la idea de Artes Plásticas y de Administración Pública, carrera que comenzó a estudiar en Barranquilla en la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia (ESAP). En sus pensamientos, la idea que no ha cambiado en sus 45 años de existencia: “Nuestras vidas en todo escenario es un micro-conflicto. En Colombia no hay escenario que no haya permeado la violencia”. Y decidió inscribirse en Derecho en la Universidad del Atlántico.

“En Colombia el conflicto tiene dinámicas de subidas y bajadas, de cambio de actores o estrategias, algo que no se da en otros conflictos. Nos parecemos en eso más África, que a lo que fueron las dictaduras en Argentina y en el Cono Sur en general. Además, el peso del conflicto lo viven los más pobres. Habrá quienes no estarán de acuerdo conmigo, porque también hay consecuencias políticas para la gente intelectual de una clase media-alta, pero el peso de las víctimas es, en mayoría, para gente de escasos recursos, de las periferias por donde yo me he ido moviendo. Darles un subsidio a las comunidades no resuelve los problemas de fondo, se tienen que transformar y crear políticas públicas sólidas. ¡Presupuesto!”, exaltó la mujer que durante su cotidianidad académica conoció a compañeras con similares inquietudes.

Hace 25 años fundaron el Colectivo de Mujeres al Derecho (Colemad), en pro de la equidad de género en diversos ámbitos. Entre ellos, el derecho a la tierra, que históricamente en Colombia ha estado ligado a los intereses de los hombres. Han dependido de ser herederas, pertenecientes a determinadas familias o parejas sentimentales de las personas a quienes el Estado les da prioridad para asignarles terrenos.

Una mujer sola a la que se le asigne hectáreas de tierra es un caso extraordinario. Y, si se le da, hay que ver a qué tipo de terreno se hace acreedora: si es fértil, para qué tipo de cultivos y si es acorde a las aptitudes de ella. El Artículo 43 de la Constitución Política de Colombia dice: “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades”.

Buscando mayores herramientas jurídicas para su propósito, esta lideresa social estudió una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Comenzó a aplicar sus conocimientos en Colemad, intentando que el Gobierno realizara un censo rural femenino, como primer paso para determinar cuántas mujeres pueden ser receptoras de tierras. Aún sigue en esa lucha, “porque no se nos ha contado”.

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Después de que Colemad empezó a documentar los casos de desplazamiento forzado de mujeres como consecuencia de la guerra, aparecieron las amenazas. “El activo más grande es la tierra y las guerras son entre enemigos hombres, con las mujeres adentro de ellas. Y los que ponen en práctica las políticas públicas desconocen a las mujeres como ciudadanas con plenos derechos y autonomía”, aseveró.

Desde 2009, Romero Villalba recibió amenazas y desde 2012 su colectivo ha interpuesto seis denuncias ante la Fiscalía por situaciones de riesgo. En 2019 hubo un intento de secuestro a su hijo en Barranquilla. “Una respuesta totalmente desobligante frente a la responsabilidad de acelerar investigaciones. En algunos casos, como este ataque a mi hijo, hay actores que no son presuntivos sino que son identificables. Desafortunadamente somos uno de los casos más de las defensoras y defensores en Colombia que no se avanza en investigar, que no se avanza en la justicia, que es necesaria para que no se vuelvan a repetir esos hechos contra nuestra vida”.

Según Global Witness, 322 defensores de tierra y medio ambiente fueron asesinados entre 2012 y 2021. Y un registro conjunto, realizado entre la organización Extinction Rebellion Colombia, la Corporación Regional Yariguies Grupo de Estudios Sociales Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio y la Fundación Conflict Responses, documentó 42 ataques contra ellos únicamente en el primer semestre del año pasado: 11 homicidios, 19 amenazas, ocho atentados y cuatro desplazamientos forzados.

Por mencionada situación, a esta mujer atlanticense le tocó exiliarse en España, desde donde le aseguró a este medio que “la persecución también ha sido estatal” y que “no ha habido debido proceso en la investigación, lo que se ha intentado es precluir el caso”. Le entristece sentirse más protegida allá que en Colombia, donde anhela estar. “Es el puerto al que siempre quisiera llegar. Estoy aquí porque estoy desarraigada, pero no quiero estar fuera de mi país”, dijo Romero, quien trabaja en Colemad con mujeres jóvenes que han seguido su estela.

Raquel Pérez, por ejemplo, cada día prende su computador a las 2:00 a. m. y trabaja con Luz Estella Romero, quien al mismo tiempo en España observa en su reloj las 9:00 a. m. Además, a Pérez le toca conectarse a esa hora, porque es cuando hay energía eléctrica en el municipio de Zambrano (Bolívar), donde se conocieron estas mujeres, quienes, entre muchos aspectos, concuerdan en que “evidentemente es una contradicción que tu país no te proteja, que siga un Estado pensando que tiene que acabar aquello que le aporta”.

@SebasArenas10

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