Más de 29 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos han sido asesinados desde agosto en Colombia

El Gobierno de Gustavo Petro asumió la Presidencia hace tres meses y desde ese momento prometió lograr un cambio. Dicha promesa va en muchas direcciones que trascienden a lo político y social; sin embargo, uno de los temas más relevantes para los ciudadanos era la seguridad, o más bien la inseguridad que azota cada región del país, dejando a su paso miles de vidas perdidas.

Según estudios, Colombia es uno de los países más peligrosos para la defensa de causas como el medio ambiente. Los líderes sociales y defensores de derechos humanos son asesinados a diario y de acuerdo con la Defensoría, el cambio de Gobierno no habría representado una disminución demasiado significativa en estas cifras. De agosto a septiembre, en tan solo dos meses y aun sin contar con los datos de octubre y noviembre, han sido asesinados 29 líderes sociales en todo el país, siendo Nariño, Cauca, Putumayo y Antioquia las zonas más inseguras para quienes luchan por un verdadero cambio.

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Los sectores sociales más afectados son el comunal, indígena, comunitario y campesino o agrario. Adicionalmente, esta situación impacta principalmente a los hombres, que representan el 92% de las víctimas, mientras que las mujeres el 8% restante.

¿Por qué continúan las altas cifras de asesinatos a pesar del cambio de Gobierno?

Para el analista político Mauricio Jaramillo, el país viene de un abandono de los acuerdos de paz de cuatro años que se ha visto alimentado además por el vacío de poder de las Farc en algunas zonas de Colombia, que ha sido llenado por otras organizaciones criminales y ha derivado en dicha violencia. “Detener esto es un proceso y no va a ocurrir en 100 días, solo pasará si se logra un cese al fuego multilateral como se pretende. Es una dinámica de responsabilidad de otros gobiernos, pero también de este y por eso el ministro de Defensa tiene que dar explicaciones”.

El patrón de persecución es claro, y lo define la Defensoría al identificar que las personas más vulneradas son quienes luchan por la comunidad, los campesinos, indígenas y las tierras. Sobre esto, Jaramillo asegura que se les ataca porque afectan intereses de los poderosos. “Hay tres tipos de personas que están asesinando: a quienes participan en política, piden tierras o piden el cumplimiento de los acuerdos de paz y esto obviamente afecta intereses de latifundistas, terratenientes, empresarios y crimen trasnacional”.

Lo que no es claro es la autoría. Quiénes están llevando a cabo estos asesinatos en medio de un proceso de ‘paz total’ que se adelanta incluyendo a todas las estructuras criminales que tengan la voluntad. La pregunta es si los esfuerzos del Gobierno Nacional realmente están funcionando para que en Colombia las personas que luchan por la comunidad dejen de ser silenciadas. 

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