Masacres en Colombia aumentaron 6.5% en 2023, según informe de la ONU

Por cuarto año consecutivo, las masacres se mantuvieron en auge para 2023. El último informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos dio a conocer el balance de la violencia con lo que respecta al año pasado.

En primer lugar, la Oficina señaló que se presentaron 123 alegaciones relacionadas a masacres en lo corrido del 2023, entre las cuales 98 fueron verificadas y las otras 25 fueron consideradas como no concluyentes.

Masacres aumentaron en 6.5% en 2023

Teniendo en cuenta, al comparar las cifras del año pasado con 2022, se presentó un incremento de 6.5% respecto a las masacres verificadas.

De manera más detallada, el informe explica que en las masacres hubo un saldo de 320 víctimas, las cuales fueron distribuidas en 242 hombres, 46 mujeres, 25 niños y siete niñas. Entre estas, hubo 18 correspondientes a pueblos étnicos (15 indígenas y tres afrodescendientes).

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Por otro lado, los departamentos en donde ocurrieron gran parte de estos hechos violentos fueron Antioquia, Atlántico, Cauca, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca. Asimismo, el 93% de las masacres fueron ocasionadas por grupos armados no estatales y organizaciones criminales.

Desplazamientos y confinamientos se redujeron 

Con lo que respecta a los desplazamientos, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) indicó que aproximadamente 62.967 personas fueron desplazadas y 87.646 confinados. A diferencia de las masacres, sobre este asunto hubo una reducción del 22.9% frente a desplazamientos y 14.3% en confinamientos.

Los departamentos en donde ocurrieron mayormente los desplazamientos fueron Bolívar, Cauca, Nariño y Valle del Cauca; mientras que los confinamientos se dieron en Caquetá, Cauca, Chocó y Nariño. Los grupos étnicos fueron los principales afectados.

Con lo que respecta a la violencia basada en género, incluyendo sexual; ocurrieron 53 casos verificados en Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, Meta, Nariño y Norte de Santander. Entre estos hechos, hay presencia de explotación sexual contra niñas y mujeres.

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La situación de asesinados contra antiguos integrantes de las FARC-EP también se redujo en un 5.9% en contraste con 2022. El reclutamiento infantil también fue un tema importante en el informe, dado que se evidenciaron 134 situaciones, siendo 75 de estos pertenecientes a pueblos étnicos y 37 fueron bajo modalidades de violaciones de derechos.

Por otro lado, la Oficina también recibió 37 alegaciones vinculadas a privaciones arbitrales cometidas por Policía y Fuerzas Militares. Entre todas, solamente hay siete que se mantienen en proceso de verificación. 

Recomendaciones de Naciones Unidas 

Teniendo en cuenta este panorama, la Oficina de Naciones Unidas presentó las siguientes 19 recomendaciones: 

1. Realizar los esfuerzos para desplegar una presencia integral en puntos estratégicos del país con el fin de recuperar y extender el control territorial del Estado.
2. Fortalecer la capacidad institucionalidad.
3. Fortalecer la articulación entre la política de paz total con la políticas de seguridad, desmantelamiento y de drogas.
4. Formalizar un diálogo permanente y articulado con los procesos organizativos de base en los territorios, independiente a los diálogos de paz con grupos armados.
5. Incluir como punto central en las negociaciones con grupos armados el cese de acciones que afecten a la población civil.
6. Garantizar la participación equitativa y efectiva de las mujeres en los espacios de construcción de paz.
7. Desarrollar estrategias territoriales.
8. Fortalecer los mecanismos de prevención y atención del reclutamiento y violencia sexual contra la niñez. 
9. Instar a los gobiernos departamentales y locales a destinar recursos y esfuerzos para la implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad.
10. Continuar con los esfuerzos para que las entidades de la seguridad privada e inteligencia se integren acorde a los estándares internaciones de derechos humanos.
11. Redoblar esfuerzos en los procesos ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
12. Impulsar una política pública para la población campesina.
13. Continuar con los esfuerzos para la implementación integral del enfoque étnico y del Capítulo técnico del Acuerdo de Paz.
14. Fortalecer las instancias del gobierno propio de los pueblos indígenas y afrodescendientes mediante la implementación de un mecanismo permanente de sostenibilidad financiera.
15. Establecer una política pública conforme a los estándares internaciones de derechos humanos.
16. Elaborar un diagnóstico para identificar los factores de riesgo para la acción comunal.
17. Instar una mesa de trabajo para construir un nuevo modelo de protección para personas defensoras.
18. Fortalecer el modelo de la Unidad Especial de Investigación y el Grupo de Trabajo de Amenazas de la Fiscalía General.
19. Adoptar una ley estatutaria para establecer un marco normativo al del ejercicio del derecho de reunión pacífica.