Migrantes venezolanos preocupados por los riesgos de no tener regularización en Colombia

Migrantes venezolanos en Colombia advierten sobre los riesgos de no contar con un estatus de legalización en el país. El 2024 arrancó con incertidumbre sobre la política pública migratoria venezolana que generan riesgos que pudieran producirse en los próximos meses para las instituciones en Colombia por el flujo de migrantes que escapan de la crisis y que se quedan en la irregularidad.

La Fundación Juntos Se Puede aseguró que se mantiene el flujo de migrantes venezolanos que ingresan a Colombia, ya sea con ánimo de permanencia o utilizando el país como territorio de paso para trasladarse hacia otros destinos. 

La finalización del programa estatal de regularización masiva plasmado en el Estatuto Temporal de Protección se dio en 2023, y aunque constituye un ejemplo global de política pública a favor de la protección de los derechos humanos, tiene en vilo a aquellos que han ingresado a territorio colombiano en los últimos meses.

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El flujo de venezolanos a Colombia continúa 

La situación actual, que preocupa en gran medida a los ciudadanos venezolanos en Colombia sin un estatus legal, tiene que ver con la ausencia de un programa que permita la regularización migratoria.

Varios informes señalan que en Venezuela no hay ningún indicador de mejoría en la calidad de vida de las personas, y, por el contrario, se han incrementado los ataques al espacio cívico, la persecución y las violaciones sistemáticas de derechos, lo que constituye un factor determinante en la movilidad humana. 

Venezuela se encuentra entre los países percibidos como más corruptos y con menos capacidades para combatir este flagelo, donde al menos cerca del 70% de la población padece pobreza multidimensional. 

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Los riesgos de la migración irregular para venezolanos

Entre los principales riesgos de que los ciudadanos venezolanos estén en condición irregular en Colombia son los mecanismos ordinarios de administración de la migración (visados, por ejemplo) no están al alcance de la población migrante venezolana, que en su mayoría ni siquiera tiene acceso a un documento de identidad (cédula o pasaporte).

“La imposibilidad de lograr una fórmula de regularización migratoria incrementa exponencialmente la situación de vulnerabilidad de los migrantes, alienta dinámicas criminales y economías ilícitas que instrumentalizan a las personas. El tráfico de migrantes, la trata, las formas de trabajo indigno, la explotación sexual y el reclutamiento por grupos armados tienen en la irregularidad migratoria un factor criminógeno que actúa contra la sociedad colombiana y debilita el Estado de derecho”, indicó la Fundación Juntos Se Puede.

La situación actual busca alerta a la institucionalidad colombiana sobre la imperiosa necesidad de generar canales de atención a estas dinámicas de movilidad. 

Sin duda alguna, Colombia es un Estado que se ha caracterizado por el respeto de la normativa internacional y por los esfuerzos a favor de la promoción y tutela de los derechos humanos. Lo que requiere “seguir apostando a la regularidad migratoria como un factor fundamental para la protección de los derechos de las personas, permitiéndoles generar aportes significativos para el desarrollo integral de este país que generosamente ha venido acogiendo a nuestra población”, agregó la fundación que protege los derechos de los migrantes venezolanos en Colombia.

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