La millonaria multa para los organizadores del Jamming Festival por engaños a sus asistentes

La empresa habría ocultado información clave, engañado a los asistentes y violado normas de protección al consumidor.


Jamming Festival
Jamming Festival - Foto Jamming Festival

Noticias RCN

marzo 17 de 2025
01:00 p. m.
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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa de $487.771.648 a la empresa Buena Vibra Eventos EU, responsable de la organización del Jamming Festival 2022, tras encontrar múltiples irregularidades en la planeación, promoción y cancelación del evento.

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El festival, que debía realizarse en marzo de 2022 en Ibagué y prometía ser uno de los espectáculos musicales más grandes del país, fue cancelado de manera abrupta, dejando a miles de asistentes con tiquetes comprados, hospedajes reservados y sin respuestas claras sobre la devolución del dinero.

La investigación de la SIC concluyó que la empresa no solo actuó con negligencia, sino que engañó deliberadamente a los consumidores, ocultando información clave hasta el último momento y promoviendo condiciones abusivas en la venta de boletería.

Las graves faltas por las que sancionaron a Buena Vibra Eventos EU

Luego de analizar las denuncias de los afectados y revisar las pruebas, la SIC determinó que la empresa incurrió en una serie de prácticas irregulares que perjudicaron a los consumidores. Entre las principales faltas sancionadas se encuentran:

Engaño sobre la cancelación del evento

Los organizadores no informaron oportunamente a los asistentes sobre la cancelación del festival. Mientras en su página web y redes sociales publicaban mensajes asegurando que el evento se llevaría a cabo con normalidad, en la realidad la situación era completamente distinta.

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Finalmente, la cancelación solo se hizo pública un día antes de la fecha programada, a través de medios de comunicación, dejando a los asistentes sin margen de reacción para modificar planes o exigir reembolsos inmediatos.

Publicidad engañosa sobre la participación de artistas

Buena Vibra anunció un cartel de artistas que no estaba confirmado. La SIC comprobó que varios músicos y bandas ya habían cancelado su participación, pero la empresa continuó promocionándolos como parte del evento hasta el último momento, induciendo al error a los consumidores.

Falta de autorización para la venta de entradas

La organización incumplió con la obtención y difusión del PULEP (Código Único del Espectáculo Público de las Artes Escénicas), un requisito obligatorio para la venta de boletería en Colombia.

A pesar de ello, promocionó y vendió entradas a través de redes sociales y otros canales sin cumplir con esta norma.

Cláusulas abusivas en la compra de boletería

En los términos y condiciones de la venta de entradas, Buena Vibra incluyó cláusulas que limitaban el derecho de los consumidores a solicitar reembolsos, incluso en casos donde se modificaran la fecha o el lugar del evento.

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Estas condiciones violaban abiertamente los derechos de los consumidores, ya que impedían cualquier posibilidad de recuperar el dinero tras la cancelación del festival.

Desacato a las órdenes de la Superintendencia

La SIC también encontró que la empresa ignoró órdenes y requerimientos de la entidad, al no suministrar información clara sobre la cancelación del evento ni sobre las medidas que tomaría para mitigar el daño a los consumidores.

Además, continuó promocionando un supuesto “Jamming Festival 2023” a pesar de la incertidumbre y el descontento generado por la cancelación de la edición 2022, lo que levantó nuevas alertas sobre su proceder.

Esta es la multa millonaria

Tras la decisión de la SIC, Buena Vibra deberá pagar una sanción económica de casi 500 millones de pesos, una de las multas más altas impuestas en el sector de eventos en Colombia.

Además, esta sanción podría afectar seriamente la credibilidad de la empresa y su capacidad para organizar futuros espectáculos.

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Por ahora, los miles de afectados continúan exigiendo respuestas sobre la devolución de su dinero, mientras la SIC advierte que seguirá vigilando el cumplimiento de las normas de protección al consumidor en el sector de los espectáculos y conciertos en el país.

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