Descubren a oficial y patrullero de la Policía exigiendo dinero a subalternos a cambio de beneficios
Las víctimas relataron cómo operaba la red de corrupción de los miembros.
Noticias RCN
07:16 p. m.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos integrantes de esa la Policía en el departamento de Caldas, señalados de cobrar dinero a sus subalternos a cambio de traslados, mejores calificaciones y la omisión de investigaciones disciplinarias.
Los implicados en el caso son el mayor Jair Alonso Saldarriaga Cuentas, quien se desempeñó como comandante del Distrito 4 de la Policía en Caldas entre junio de 2023 y noviembre de 2024, y el patrullero Leonardo Reyes Bedoya, quien trabajaba como su conductor.
Esta fue la denuncia que destapó la corrupción
Las irregularidades salieron a la luz luego de que un auxiliar de Policía que cumplía su servicio militar en Aguadas denunciara que el mayor Saldarriaga Cuentas le exigió $500.000 para gestionar su traslado a Pácora, solicitud que el joven había hecho por razones personales.
El oficial le indicó que debía justificar el pago como la compra de una camisa y unas botas de dotación.
El testimonio del auxiliar fue solo el primero de varios relatos que revelaron un patrón de corrupción, pues otra víctima, un uniformado que aspiraba a ascender, aseguró que el oficial le pidió dinero con la advertencia de que, si no pagaba, bajaría sus calificaciones.
Al negarse, comenzó a recibir notas deficientes en su evaluación.
¿Cómo operaban los miembros de la Policía para obtener el dinero?
Las investigaciones de la Fiscalía indican que al menos cuatro uniformados fueron afectados por estas exigencias económicas. Los montos solicitados variaban entre $150.000 y $700.000, dependiendo del beneficio que buscaban obtener.
En este sentido, el patrullero Leonardo Reyes Bedoya, según los testimonios recogidos, era quien se encargaba de recordar a los agentes cuándo y dónde debían hacer los pagos.
Su función era presionar a los uniformados para que cumplieran con las exigencias económicas, asegurándose de que entregaran el dinero sin retrasos.
Finalmente y tras las pruebas recopiladas por la Fiscalía, los dos procesados aceptaron los cargos imputados, por lo que se les ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.
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