Paramilitares y grupos armados le ofrecen al presidente Petro negociar y "cese al fuego"

En los últimos días en Colombia hubo una secuencia de asesinatos a policías especialmente en Antioquia y Córdoba que las autoridades catalogaron como plan pistola. Señalaron como responsable esencial al clan del golfo. 

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Una carta firmada el pasado 19 de julio y dirigida a Gustavo Petro, Francia Márquez y Álvaro Leiva, le ofrece al gobierno electo un "cese al fuego contra la institucionalidad a partir del 7 de agosto. 

"Nosotros no podemos ser indiferentes al clamor del pueblo colombiano y al pensamiento de su presidente electo democráticamente, para entre muchas cosas lograr la tal anhelada paz con justicia social, en virtud a esto proponemos a ustedes y al pueblo colombiano, ser parte activa de este proyecto; estamos dispuestos a dialogar y reconciliarnos, con el objetivo de parar la violencia cíclica que algunos de nosotros controlamos, mas no la que controla el estado (que maneja sus propios intereses).

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Cese al fuego

La carta señala que estas personas están interesadas en ofrecer un "cese al fuego" contra la institucionalidad a partir del 07 de agosto y exponen una serie de puntos con los que estarían de acuerdo para abandonar las estructuras criminales. Sin embargo, hay que recordar que los nuevos paramilitares son bandas organizadas de delincuencia que se dedican a diferentes tipos de delitos y tienen como núcleo central el narcotráfico. No se les reconoce el derecho a la rebelión porque sus causas no son políticas, por lo que el presidente electo tendría un panorama muy difícil para lograr una negociación si eso implica evadir las penas de cárcel y los juicios por hechos específicos.

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"Estamos dispuestos a coordinar un cese al fuego contra la institucionalidad a partir del 07 de agosto. Estamos dispuestos a desarmarnos en el momento indicado, estamos dispuestos a pedir perdón, estamos dispuestos a aportar verdad total e integral, estamos dispuestos a cumplir con los fines de la justicia restaurativa, estamos dispuestos a unirnos con las instituciones para proteger el medio ambiente contra las prácticas ilegales que lo deterioran enormemente. Estamos dispuestos a construir un futuro mejor para las nuevas generaciones", se lee en el documento.

Más adelante, la carta deja un mensaje entre líneas pero puntual. "En lo posible nadie debería llegar a la cárcel, pues está comprobado, es una universidad del crimen, que no cumple con los fines de la resocialización", agrega.

Luego señalan que debe haber las mismas garantías para quienes se han desmovilizado en ocasiones anteriores. "Pedimos garantías iguales a las que han obtenido los miembros de otros grupos armados al margen de la ley, fuerza pública, agentes del Estado y terceros civiles que también han participado activamente en el conflicto nacional", dice la carta.

Esa justamente sería la barrera más difícil que tendría el gobierno, pues las garantías que obtuvo las Farc como grupo armado, pero basado en el derecho a la rebelión, que es aceptado en tratados internacionales, pasan por curules en el Congreso durante tres periodos sin votos, penas no restrictivas de la libertad, y participación política garantizada.

La carta está firmada por las autodefensas gaitanistas de Colombia, los rastrojos, grupos mexicanos de Quibdó, el bloque metro, centauros Arroyave, y una decena más de grupos paramilitares de los que no se tenía idea de su existencia organizada aún en las regiones de Colombia, tras la desmovilización en2006 con el acuerdo de justicia y paz.

El texto está enviado con copia a Roy Barreras, presidente del Senado; el electo embajador ante la OEA, Luis Ernesto Vargas; la senadora no posesionada, Piedad Córdoba; el senador Iván Cepeda; la representante María José Pizarro; la embajadora designada ante la ONU, Leonor Zalabata Torrez; el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes; el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux y el partido Comunes.