Petro ordena investigación sobre precios en la Triple A tras suspensión de Daniel Rojas de la SAE

Una vez se conoció la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender al presidente de la SAE Daniel Rojas, por presuntas irregularidades en la venta de acciones de la empresa Triple A, el presidente Gustavo Petro se pronunció.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos realizar un estudio de valoración de la empresa Triple A “para determinar si las acciones se vendieron por debajo de su valor”.

Además, Petro expresó su solidaridad a Rojas, a quien nombró director de la SAE y quien se encuentra ahora en el ojo del huracán por unas supuestas falencias en un contrato de compraventa del paquete accionario de Triple A, lo que habría ocasionado un detrimento patrimonial.

Sobre el presidente de la SAE, Petro afirmó que fue él quien destapó los escándalos de corrupción en los que estarían incluidos bienes perdidos del narcotráfico perdidos y otras irregularidades.

David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, también se pronunció al respecto y calificó la decisión de la Procuraduría como una “persecución” en contra de quienes busquen generar cambios al interior de las instituciones del Estado.

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La decisión de la Procuraduría

Este 10 de febrero, el Ministerio Público anunció su decisión de suspender por tres meses al director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, por posibles fallas disciplinarias que estarían relacionadas con el incumplimiento de un contrato de compraventa de acciones de Triple A.

En consecuencia, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra José Daniel Rojas, presidente de la SAE; el vicepresidente jurídico, Sebastián Caballero Ortega; el vicepresidente de sociedades, Jairo Alonso Bautista; y el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, quienes también estarían involucrados.

La determinación se dio luego de encontrar que este supuesto incumplimiento habría derivado en hacer efectiva una cláusula penal por $59 mil millones por parte de la empresa K-Yena, generando así un detrimento patrimonial.

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