Procuraduría le pidió a la JEP requerir a dos excomandantes por 'falsos positivos' en Casanare
Los excomandantes son el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo y el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte.
Noticias RCN
11:24 a. m.
La Procuraduría le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) requerir a excomandantes del Gaula Militar Casanare para esclarecer una serie de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos).
¿Qué es el macrocaso 03 subcaso Casanare?
A los excomandantes que la Procuraduría solicita sean requeridos por la JEP son el coronel (r) Wilson Camargo y el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte. Para el ente de control, es necesario que amplíen su reconocimiento de verdad acerca del macrocaso 03 subcaso Casanare.
El caso en cuestión corresponde a asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado ocurridas entre enero de 2005 y diciembre de 2008. Según la JEP, estos actos fueron asumidos por algunos miembros de la Brigada XVI del Ejército Nacional.
“La Sala contó con bases suficientes para determinar que, durante 2005 y 2008, la organización criminal establecida por algunos integrantes de la Brigada XVI, Agentes del Estado No Integrantes de la Fuerza Pública y terceros civiles, asesinó a 296 personas en 17 municipios de Casanare, tres de Boyacá, dos de Meta y uno de Arauca”, explica la JEP.
Los municipios donde se cometieron estos delitos fueron: Aguazul, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Támara, Hato Corozal, Tauramena, Trinidad, Villanueva, Yopal y San Luis de Palenque.
En la mayoría de casos, las víctimas correspondieron a hombres y mujeres de 18 a 35 años. “Muchos de ellos convivían con sus madres y algunos, a pesar de su juventud, ya tenían hijos, compañeras o esposas”, apunta la JEP.
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La solicitud de la Procuraduría a la JEP
La Procuraduría le solicitó esto a la JEP teniendo en cuenta las declaraciones que han hecho uniformados, en las cuales hay una posible comisión de hechos victimizantes adicionales que no fueron referidos por los excomandantes en sus versiones.
Se tienen suficientes evidencias demostrativas, como testimonios sin controvertir y las mismas evidencias científicas, sin refutación alguna, que demuestran la violencia física y psicológica que padecieron las víctimas, las cuales no pueden ser excluidas del análisis demostrativo en estos casos donde estamos frente a conductas de gravedad internacional.
Para sustentar esta información, la Procuraduría hizo referencia a varios casos, puntualmente dos. El primero ocurrió en Aguazul, donde las personas fueron víctimas de estigmatización y represalias contra quienes fueron testigos de persecuciones o desapariciones de sus vecinos.
El otro corresponde a una menor de edad que, estando en embarazo, habría sido golpeada, presionada y drogada para sacarle información sobre miembros de la comunidad que fueron declarados como bajas en combate.
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