¿Plata para seguridad en Transmilenio se gastó en anchetas para policías?

La Contraloría de Bogotá configuró un hallazgo de por cerca de 2.000 mil millones de pesos en recursos que debían ser destinados para la seguridad en Transmilenio y terminaron en anchetas para los uniformados. Escándalo.

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Para la Contraloría Distrital el hallazgo fiscal por $1.787 millones fue configurado tras documentarse que los recursos destinados a fortalecer la seguridad, convivencia y vigilancia de los usuarios del sistema de transporte en realidad se invirtieron en bienes y servicios (bonos y anchetas que se les dieron a los policías) que no corresponden al objeto del convenio y tampoco le proporcionaron utilidad al sistema.

Todos estos hallazgos fiscales en el sector movilidad fueron trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal, a fin de que se adelanten las indagaciones del caso, de tal manera que se logre el resarcimiento del daño patrimonial ocasionado al Distrito.

“Uso indebido de los recursos para fortalecer la seguridad de los usuarios del sistema, pero en realidad fueron utilizados en el pago de otros bienes y servicios, como la compra de bonos y anchetas para los policías. Algo que obviamente no correspondía con el objeto del convenio”, dijo Carlos Orlando Acuña, contralor auxiliar de Bogotá.

Otras “perlas” con recursos de Bogotá

En su acción decidida, la Contraloría de Bogotá también encontró hallazgos fiscales por $9.228 millones en el sector movilidad, producto de auditorías realizadas, particularmente, en la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y Transmilenio.

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El 55.3 % del valor total de los hallazgos, es decir $5.106 millones, se registró en la Secretaría de Movilidad por falta de gestión de cobro de 11.025 infracciones de tránsito (impuestas entre 2016 y 2021), que prescribieron ante la ausencia de una efectiva gestión de cobro.

El ente de control, entre otros hechos, encontró lo siguiente:

- El 6 % de los comparendos analizados (11.929 comparendos) no corresponden a la infracción establecida.
-El 40 % de los acuerdos de pagos fueron remitidos sin mandamientos de pago.
-El 8 % de los documentos no corresponden al infractor.

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