Polémica por campaña para trabajadoras sexuales de Manizales

La estrategia de la administración para que las trabajadoras sexuales no se expongan al contagio de coronavirus en las calles y realicen esta labor desde sus casas por webcam causó controversia.

En el video de la campaña, que generó discordia entre la Secretaría de la Mujer de Manizales, colectivos feministas, sectores conservadores y la Procuraduría General de la Nación, aparece una trabajadora sexual trans que cuenta cómo a través de las alternativas digitales puede ejercer su labor desde su casa sin exponerse al contagio por coronavirus en las calles.

Inmediatamente surgieron toda clase de opiniones en las redes sociales, entre quienes lo apoyaron y otros que lo rechazaron al asegurar que se denigra a la mujer.

La secretaria de la Mujer de Manizales, Matilda González, quien además hace parte de la comunidad LGBTI, explicó que uno de los objetivos de la estrategia es “dignificar o mejorar las condiciones en la que se ejerce el trabajo sexual”.

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Pero la polémica no solo tuvo como escenario las redes sociales, a través de un comunicado, la Procuraduría manifestó que con esta campaña se estaría induciendo a la prostitución.

"Promueve que las mujeres y las personas trans sean utilizadas sexualmente en el comercio carnal a través de la modalidad de webcam. Nos preocupa que en este tipo de programas, en donde podrían además de incentivarse actividades contrarias a la ley vigente, inclusive como tipificadas como delitos en el Código Penal, estigmatizar a las mujeres trans", señaló el ministerio público.

La secretaria respondió argumentando que el trabajo sexual no es una práctica ilegal y está amparado en varios fallos de la Corte Constitucional, además, indicó que “inevitablemente todos los temas que están relacionados con género y sexualidad aún son tabú en la sociedad”.

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Tras los argumentos entregados por la funcionaria, la Procuraduría volvió a reaccionar y esta vez calificó como acertada la estrategia de "empleos de innovación", pero recomendó brindar alternativas diferentes de subsistencia que no vulneren su dignidad y derechos humanos.