Polémica por posible fallo de la Corte Constitucional sobre terrenos baldíos

Este viernes la Sala Plena de la Corte Constitucional vota la ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, que buscaría invalidar las posesiones de terrenos baldíos, otorgadas desde 1940.

Según analistas, de aprobarse podría derivar en una afectación jurídica que tendría efectos en propietarios de terrenos urbanos.

Lea también: Liberan a nueve civiles que permanecían secuestrados por el ELN en Arauca

Una decisión de trascendencia jurídica y social, teniendo en cuenta la afectación que tendrían cientos de personas que demostraron la posesión continua y permanente de un terreno que le da carácter de propiedad privada y no estatal.

¿Qué dicen los analistas?

“Sería un elemento perturbador, que además atentaría en sí contra la propiedad privada”, dijo Hernando Herrera, director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia

Es una sentencia que, de aprobarse, es calificada por algunos juristas de peligrosa, por lo que desde la Corporación Excelencia en la Justicia le piden al magistrado ponente y presidente de la Corte actuar con rigurosidad, dejando de lado las especulaciones que califican que en Colombia existiría una fuga de baldíos o concentración de tierras.

Vea también: La alegría de un alcalde en Norte de Santander por intención de diálogos con el ELN

“Y si para validar esa determinación de la Corte Constitucional se señala que se trata de cumplir con uno de los puntos del acuerdo, quiere decir que los negociadores nos engañaron y que por la puerta de atrás metieron la posibilidad de que se genere expropiación”, profundizó Herrera.

“En caso de que falle de forma adversa, la Corte Constitucional podría generar una inseguridad jurídica de proporciones mayúsculas. Entraría en un limbo jurídico. El país sería tomado por la inseguridad jurídica por esta determinación”, expresó Andrés Espinosa, analista de RCN Mundo.

Según la Agencia Nacional de Tierras, el 89.5 % de los bienes baldíos han sido adjudicados por jueces a campesinos, quienes viven en la ruralidad y que demostraron una posesión pacífica, lo que para la Corporación desvirtúa que la concentración de baldíos estaría en empresarios y agroindustriales.

“Por eso es importante, a la hora de determinar los efectos del fallo de la Corte, que no se vaya a quebrantar ese principio de seguridad jurídica en contra de ese campesinado”, concluyó Herrera.

Le puede interesar: Gobierno reconoce legitimidad del ELN en la búsqueda de la paz