Presidente Petro envió carta a la Procuraduría: dice que no va a reemplazar a funcionarios electos popularmente

“El Presidente observa con preocupación que la medida cautelar de suspensión provisional de un funcionario electo popularmente autorizada en la ley colombiana no es una de aquellas medidas restrictivas de los derechos políticos, ni reúne las exigencias mínimas de los estándares convencionales fijados por la Corte IDH en sus precedentes, lo que hace imposible que se proceda a expedir el acto de ejecución o cumplimiento solicitado por la autoridad administrativa, en cuanto se consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo popularmente”, se lee en la carta de Gustavo Petro en la que responde al requerimiento que le hizo la Procuraduría de suspender por tres meses al alcalde de Riohacha por presunta corrupción. Dice que no reemplazará al funcionario y argumenta que esto violaría los derechos políticos de quienes fueron elegidos por la ciudadanía. 

El mandatario basa su decisión en dar cumpliendo al fallo que la CIDH profirió cuando él era alcalde de Bogotá y también fue sancionado por el mismo organismo. 

¿Qué pasó con el alcalde de Riohacha? 

El 27 de abril la Procuraduría suspendió por tres meses al mandatario local de Riohacha, Jose Ramiro Bermúdez, y notificó a la Presidencia de la República para que ejecutara la medida y designara un nuevo alcalde. Pero esto nunca ocurrió. Dicen desde la entidad que esto es porque el Gobierno pretende desconocer sus competencias para sancionar a funcionarios, y por eso compulsaron copias para que se investigue disciplinaria y penalmente al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. 

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Lo más preocupante es que las consecuencias son para el departamento, pues los mismos funcionarios nombraron como encargado al secretario privado de Bermúdez, Miguel Panciera di Zoppola. Esto quiere decir que lo que estaría haciendo el alcalde suspendido es gobernar en cuerpo ajeno. 

La respuesta de la Procuraduría a Petro

Esta misiva fue interpretada desde algunos sectores como un desconocimiento del ejecutivo a las funciones del organismo y un choque entre las instituciones. Margarita Cabello le respondió al presidente: “la Corte Constitucional avala a la Asamblea Nacional Constituyente cuando determinó que las investigaciones, el juzgamiento y la sanción contra servidores públicos, incluidos los de elección popular, los debe realizar la Procuraduría General de la Nación, con la ratificación del Consejo de Estado”. 

La decisión del jefe de Estado no es cualquier cosa. Al tratarse de funcionarios de elección popular, cobijaría incluso casos como el del exsenador Alex Flórez, sancionado por referirse en términos calumniosos contra agentes de la Policía cuando protagonizó un escándalo con una trabajadora sexual en Cartagena. Su suspensión quedaría en vilo. Lo mismo ocurriría con el alcalde de la Ciudad Amurallada, William Dau, quien hace pocos días fue sancionado cuatro meses por haber llamado “nido de ratas” a directivos de una universidad. 

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