Abren investigación por irregularidades en contrato de tiquetes del Ministerio de Justicia
La Procuraduría inició una investigación disciplinaria contra varios funcionarios del Ministerio de Justicia debido a posibles irregularidades en la adjudicación del contrato para la provisión de tiquetes aéreos en el 2023.
Noticias RCN
12:31 p. m.
La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra varios funcionarios del Ministerio de Justicia y del Derecho, debido a posibles irregularidades en la adjudicación del contrato para la provisión de tiquetes aéreos en el año 2023.
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Los funcionarios involucrados en la investigación son Helena Ortiz Carvajal, secretaria general; Lizth Viviana García Pinzón, coordinadora de Gestión Contractual; Andrés Vergara Ballén y Zorangel Rivera Pineda, coordinadores del Grupo de Gestión Financiera y Contable; y Derly González Ariza, supervisora del Ministerio.
Según las pruebas, se habrían detectado irregularidades en diferentes etapas del proceso contractual, incluyendo la habilitación, adjudicación, celebración y ejecución del contrato.
“Las irregularidades se habrían presentado en la habilitación, adjudicación, celebración y ejecución del contrato de suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para el desplazamiento de los funcionarios y contratistas de esa cartera, así como del grupo de seguridad de la Policía Nacional en comisión de la entidad”, se lee en el comunicado.
La Procuraduría sospecha que la propuesta ganadora presentó precios significativamente bajos. También, que la empresa adjudicataria incumplió con el descuento del 12,50 % establecido en la subasta inversa, y que una de las experiencias acreditadas podría haber sido sustentada con documentos falsos.
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“Al parecer, la propuesta ganadora contenía precios artificialmente bajos; se habría presentado un incumplimiento por parte del contratista en la venta de los tiquetes con el descuento del 12,50 % pactado en la subasta inversa y, posiblemente, una de las experiencias acreditadas se habría fundamentado en documentos falsos”, agregó la Procuraduría.
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Además, la firma contratista habría presentado referencias de experiencia con contratos que, al parecer, nunca fueron ejecutados.
Por estos hallazgos, la Procuraduría ordenó la recopilación de pruebas documentales y ofreció la posibilidad, a los funcionarios investigados, de rendir su versión libre en el marco del proceso disciplinario.
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