Procuraduría advierte graves fallas en alimentación y salud en cárceles de Medellín y Cúcuta
Según el organismo, las deficiencias detectadas podrían tener implicaciones disciplinarias, fiscales y penales.
Noticias RCN
02:53 p. m.
La Procuraduría General de la Nación emitió este 14 de septiembre un informe preventivo en el que revela serias irregularidades en la prestación del servicio de alimentación en los establecimientos carcelarios El Pedregal, en Medellín, y el COCUC, en Cúcuta.
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Advertencia de la Procuraduría por fallas en alimentación y salud en cárceles
Según el organismo, las deficiencias detectadas podrían tener implicaciones disciplinarias, fiscales y penales.
“Informe revela incumplimientos contractuales que podrían afectar derechos fundamentales de más de 7.000 Personas Privadas de la Libertad (PPL) en los establecimientos carcelarios El Pedregal y el COCUC”, indicó la Procuraduría.
El documento señala incumplimientos reiterados en aspectos clave como la calidad, cantidad, condiciones sanitarias y tiempos de entrega de los alimentos destinados a la población privada de la libertad.
Estas fallas, advierte la Procuraduría, estarían afectando de manera directa la salud física y mental de más de 7.000 internos, al vulnerar derechos fundamentales como la alimentación y su estrecha relación con el derecho a la salud.
La interventoría de los contratos de alimentación corroboró las deficiencias, lo que refuerza las alertas sobre la prestación de este servicio esencial en los centros de reclusión.
Ante la gravedad de los hallazgos, el Ministerio Público remitió el informe a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y las instancias disciplinarias de la Procuraduría, con el fin de articular acciones que permitan corregir la situación.
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“La interventoría de los contratos de alimentación ha detectado múltiples fallas en los citados Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON), relacionados con la calidad, cantidad, tiempos de entrega y condiciones sanitarias de los alimentos suministrados, una situación que impacta negativamente la salud física y mental de las más de 7.000 Personas Privadas de la Libertad (PPL)”.
El ente de control recalcó que la alimentación en los establecimientos penitenciarios es un servicio público esencial que debe garantizarse con oportunidad, suficiencia y calidad, en concordancia con los estándares de derechos humanos.
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