Procuraduría asumirá investigación por parrandas, ingresos de artistas y escándalos en la cárcel de Itagüí
El ente de control tomó el caso por irregularidades y denuncias por privilegios a reclusos.
Noticias RCN
02:33 p. m.
Lo que debía ser un centro de máxima seguridad terminó envuelto en un escándalo.
La Cárcel de Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí, en Antioquia, vuelve a estar en el centro de la polémica por hechos que evidenciarían fallas graves en el control interno y posibles beneficios indebidos para algunos internos.
Procuraduría asumirá investigación por fiestas en la cárcel de Itagüí
La Procuraduría General de la Nación decidió asumir la investigación disciplinaria que inicialmente había sido abierta por el Inpec, tras conocerse la realización de una parranda vallenata al interior del penal, en la que habría participado el cantante Nelson Velásquez.
La decisión se dio en ejercicio del poder preferente, una facultad que permite al Ministerio Público intervenir directamente en procesos de alto impacto social y relevancia nacional.
Con esto, la Procuraduría ordenó la remisión inmediata del expediente para evitar duplicidad de investigaciones y garantizar el debido proceso.
Todas las irregularidades detectadas en la cárcel de Itagüí
El caso tomó fuerza luego de una visita realizada el 9 de abril por la Procuraduría Regional de Instrucción Antioquia al pabellón uno del centro carcelario.
Allí se evidenció que, un día antes, se habría permitido el ingreso de personas no autorizadas para asistir a una celebración dentro de la prisión.
De acuerdo con la información preliminar, la investigación involucra a 11 servidores públicos del Inpec, quienes deberán responder por posibles irregularidades en el control del penal.
Sin embargo, este no sería un hecho aislado. Entre las situaciones previamente denunciadas en este centro penitenciario se encuentran la organización de parrandas vallenatas, la construcción de suites personalizadas por parte de capos de la llamada Oficina de Envigado, así como la edificación de una capilla dentro del lugar.
Estas prácticas han sido calificadas como excentricidades y beneficios incompatibles con las condiciones de un penal de máxima seguridad.
La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, lanzó fuertes críticas frente a lo que estaría ocurriendo al interior del centro de reclusión:
Hay una gobernanza criminal al interior de la cárcel de máxima seguridad. Ellos son los que exponen, ellos son los que hacen, ellos son los que ordenan qué pasa allí.
La controversia incluso aumenta al considerar que los reclusos señalados pertenecerían a la Oficina de Envigado, una organización criminal con la que el Gobierno Nacional adelanta actualmente mesas de negociación.
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En este sentido, los cuestionamientos se centran en cómo internos catalogados como altamente peligrosos estarían accediendo a este tipo de beneficios dentro de un centro que, por su naturaleza, debería tener estrictos controles de seguridad.
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