Cargos contra exfuncionarios de Cartago por mal uso de fondos destinados al covid-19
La investigación se centra en un contrato por un valor de $230 millones, destinado a la atención de la emergencia sanitaria decretada en 2020 debido a la pandemia de covid-19.
Noticias RCN
02:36 p. m.
La Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos contra Johana Andrea Betancourt Ramírez, exjefe de Planeación de Cartago, Valle del Cauca, por su presunta participación en el uso indebido de recursos públicos.
Cargos contra exfuncionarios de Cartago, Valle del Cauca
La investigación se centra en un contrato por un valor de $230 millones, destinado a la atención de la emergencia sanitaria decretada en 2020 debido a la pandemia de covid-19.
Según la Procuraduría, Betancourt Ramírez habría tenido contacto directo con la persona responsable de gestionar el proceso de contratación.
El objeto del contrato era el desarrollo de actividades operativas y asistenciales para la prevención y atención de la crisis sanitaria en el municipio.
Sin embargo, las autoridades señalan que la exfuncionaria pudo haber mostrado interés personal en el negocio, adquiriendo, mediante un tercero, acciones de la empresa Provisiones y Soluciones Empresariales SAS, que resultó beneficiada con la adjudicación del contrato.
Adicionalmente, la Procuraduría también formuló cargos contra Mauricio Andrés Cerezo Osorio, auxiliar administrativo del despacho de la Secretaría General de Cartago.
La entidad argumenta que Cerezo Osorio ejerció como representante legal de la mencionada empresa entre octubre y diciembre de 2019, lo que podría comprometer su imparcialidad en la gestión del contrato.
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Se ha señalado que entre el 25 de marzo y el 30 de abril de 2020, Cerezo Osorio realizó requerimientos a proveedores de Provisiones y Soluciones Empresariales SAS, relacionados con la ejecución del contrato, lo que sugiere un posible interés indebido en su celebración.
“De igual manera, el funcionario habría hecho requerimientos desde el 25 de marzo y hasta el 30 de abril de 2020 a proveedores de Provisiones y Soluciones Empresariales SAS, los cuales tenían como objetivo la ejecución del contrato, con lo que se pudo presentar un interés indebido en su celebración”, asegura el documento.
La Procuraduría sostiene que las acciones de los disciplinables pudieron haber vulnerado el principio de moralidad que rige la función administrativa, al comprometer la imparcialidad en la selección del contratista.
Por esta razón, de manera provisional, se ha calificado la posible conducta en ambos casos como una falta gravísima cometida a título de dolo.
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