¿Qué pasa con las cámaras de videovigilancia en Bogotá? Menos de la mitad han sido instaladas
La Procuraduría reveló información preocupante sobre estos dispositivos.
Noticias RCN
08:39 a. m.
La Procuraduría reveló una preocupante situación en Bogotá que tiene que ver con las cámaras de videovigilancia.
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En octubre de 2023, la Alcaldía informó que la ciudad iba a tener cámaras Licence Plate Recognition - LPR con las que se buscó fortalecer la seguridad. Estos dispositivos pueden hacer el reconocimiento automático de placas, siendo su principal característica a la hora de rastrear.
¿Cómo funcionan las cámaras?
Los dispositivos pueden analizar más de 50 mil placas diarias. El sistema recibe información sobre el número, la marca y el modelo; con la que se puede contrastar, por ejemplo, si es robado.
“Toman captura de la matrícula del vehículo, luego un software convierte la imagen en caracteres o texto legible, y mediante un sistema informático, en donde se encuentra la base de datos, este hace un cotejo con la información de las matrículas de vehículos que han sido reportados por hurto o que las autoridades buscan por la comisión de un delito o aquellos que están involucrados en fuga por accidentes fatales”, así resume el Distrito el funcionamiento de las cámaras.
Las cámaras entonces iban a estar distribuidas en los puentes peatonales de la capital. Sin embargo, casi dos años después; parece que el resultado no fue el esperado.
¿Por qué no han sido instaladas todas las cámaras?
El Ministerio Público informó que el contrato 1904-2023 fue celebrado por la Secretaría de Seguridad y tuvo un precio de 14.339 millones de pesos.
Con corte a julio, se supo que tiene un avance físico del 68.5% y una ejecución presupuestal del 50%. Sobre el papel, parece que la adquisición de los dispositivos se dio sin inconvenientes; pero la realidad es contraria.
La Procuraduría aseguró que, de las 200 cámaras, solamente se han instalado 25. Es decir, el cumplimiento ha sido del 25% en casi dos años.
¿Por qué está ocurriendo eso? Según la entidad, habrían ocurrido cuatro aspectos: una planeación deficiente con fallas técnicas no previstas, tres prórrogas y suspensiones sin soporte presupuestal, controversias contractuales y sustitución de la interventoría.
Dada esta situación, se abrió indagación previa contra los funcionarios de la secretaría. Además, se ordenó la práctica de pruebas para determinar si habrían incurrido en fallas disciplinarias.
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